Hay momentos en la historia de los países en donde sus hechos se repiten, eso es precisamente lo que acaba de pasar con la llamada descertificación que impuso el gobierno de los Estados Unidos a su similar de Colombia por no combatir, según ellos, el negocio del narcotráfico, una situación que ya en 1996 había vivido el entonces presidente, Ernesto Samper Pizano.
Aunque las razones están fundamentadas en los asuntos de la guerra al narcotráfico, en cada caso, tanto en el de Gustavo Petro como en el de Ernesto Samper, habrían motivaciones más del orden de lo político.
Los dos son dirigentes de tendencia de izquierda, mucho más Petro que Samper, a quien Estados Unidos sancionó por la financiación de su campaña con dineros de los jefes del Cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez. Para ese momento, Colombia era el país que más exportaba droga en el mundo.
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Mientras que Donald Trump tiene en Petro otro eslabón de una cadena política de izquierda en el continente a la que ha decidido golpear, como ya lo hizo con el brasileño Luz Inacio Lula da Silva en el tema de aranceles y con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que le ha pedido no inundar más su país con drogas, en tanto fondea en aguas internacionales del mar Caribe buques destructores, creando un ambiente de tensión militar.
En el caso del mandatario colombiano, la descertificación se argumentó en las cifras de hectáreas cultivadas con hoja de coca y en la negativa de Bogotá de enviar en extradición a algunos miembros de organizaciones armadas ilegales, en medio de acercamientos de paz, pese a que desde 2022 hasta junio pasado 454 personas fueron remitidas a ese país.
Las razones de peso para la descertificación de Colombia las deslizó más temprano el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que «Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un Presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga».
“La descertificación no es el fin del mundo. Nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro», reflexionó Samper, sobre la decisión norteamericana con la administración Petro.
Para el exmandatario, que vivió en carne propia la descertificación, es momento de exigir a los países consumidores como Estados Unidos y al continente europeo que cumplan con su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes.
«Precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas, como el fentanilo, y otros estupefacientes que no producimos”, complementó Samper.
Aseguró que la descertificación es ilegal, política y regresiva porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro o a sus nacionales. Incluso recordó cómo en esa oportunidad desde las altas instancias económicas se buscó que las inversiones y los préstamos que otorgaban bancos a Colombia se pudieran hacer sin importar la descertificación.
“Solamente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad”, advirtió Samper, al denunciar que Estados Unidos “siempre» utiliza la descertificación para «castigar a países que se consideran enemigos», mientras que a «las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación».
“Esta decisión coincide con la finalización de los programas de USAID en Colombia, que apoyaban iniciativas como la sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de miles de campesinos, política que debería impulsarse con mayor vigor”, concluyó el exmandatario.
De Colprensa
