La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que este miércoles leerá la primera sentencia restaurativa del Caso 03 contra 12 ex integrantes del Batallón ‘La Popa’ por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe. Se trata de una decisión judicial histórica que sienta un precedente en el juzgamiento a agentes del Estado y que se produce 48 horas después de la sanción impuesta a la cúpula de las Farc por secuestro.
La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz convocó al acto de lectura tras determinar que los comparecientes aportaron verdad plena y reconocieron su participación en los crímenes, lo que les permite acceder a sanciones propias en lugar de penas de cárcel ordinaria.
Esta decisión se enmarca en el macrocaso 03, que investiga los ‘falsos positivos’, y es el resultado del avance en el subcaso de la Costa Caribe. Previamente, la Sala de Reconocimiento de Verdad había emitido dos Resoluciones de Conclusiones, una por hechos ocurridos en Norte de Santander y otra por los crímenes en la Costa Caribe, postulando a los responsables para que el Tribunal de Paz les impusiera las sanciones restaurativas.
Sugerencias: Policía reporta 42 capturas y más de 8.000 llamadas atendidas en Barranquilla durante el fin de semana
La magistratura determinó que los imputados ofrecieron aportes completos, detallados y exhaustivos. La JEP destacó que los reconocimientos suministrados por los militares permitieron esclarecer hechos que la justicia ordinaria no había investigado o que los mismos comparecientes negaron durante años.
En audiencias públicas en Ocaña y Valledupar, los uniformados admitieron ante las víctimas y el país su participación en los crímenes y detallaron el funcionamiento de la maquinaria criminal dentro de sus unidades.
En sus conclusiones, la JEP señaló que estos crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin un sistema de incentivos y sin la constante presión de los comandantes para obtener muertos ‘en combate’.
Con estos hallazgos, la jurisdicción documentó ocho asesinatos y desapariciones adicionales en el subcaso Costa Caribe. Así, se estableció que entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, miembros del Batallón ‘La Popa’ fueron responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas en 77 eventos distintos.
QUIENES NO RECONOCIERON ENFRENTAN CÁRCEL
En este macrocaso, la JEP imputó por homicidio en persona protegida y por crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada a 25 miembros de la fuerza pública y un civil. Sin embargo, no todos reconocieron su responsabilidad.
Los expedientes del coronel (r) Publio Hernán Mejía y de los tenientes coroneles (r) Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde enfrentan un juicio adversario que podría llevarlos a penas de hasta 20 años de cárcel.
Un escenario similar ocurre en otros subcasos como Dabeiba (Antioquia), mientras que en Casanare, donde se investigan 303 asesinatos, el mayor general (r) Henry William Torres Escalante y otros 17 militares sí reconocieron su responsabilidad.
La sentencia contra el Batallón ‘La Popa’ llega apenas dos días después de que la JEP impusiera su primera sanción restaurativa a los siete ex integrantes del Secretariado de las Farc por el Caso 01 (toma de rehenes).
LOS DESAFÍOS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, explicó que la jurisdicción tomó el “camino difícil” al diseñar primero los proyectos restaurativos para evitar que las sentencias fueran incumplibles y causaran “decepción de las víctimas”.
El magistrado resaltó que este modelo supone un desafío cultural en un país acostumbrado al castigo carcelario, pero que la verdad plena es el primer paso para la reconciliación.
El cumplimiento de las sanciones será monitoreado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, con respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional, que lo consideran un avance significativo para la paz.
De Colprensa
