El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por la presunta utilización de población civil en asonadas atribuida a Grupos Armados Organizados Residuales.
Rondón detalló que el 2 de agosto de 2025 las disidencias de las Farc amedrentaron y coaccionaron a pobladores de la vereda Balén, en La Plata (Huila), y los obligaron a marchar hacia un destacamento militar para forzar la salida de las tropas. Señaló que estos hechos constituyen delitos como concierto para delinquir y asonada, y violan el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma.
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El viceministro pidió a la Fiscalía abrir una investigación formal contra los responsables señalados en la denuncia: el Grupo Armado Organizado Residual Hernando González Acosta, el Bloque Central Isaías Pardo y el autodenominado Estado Mayor Central, incluyendo a sus cabecillas. También exigió que la justicia reconozca a las víctimas como sujetos de especial protección constitucional y que aplique los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El Ministerio del Interior responsabilizó a los grupos armados por poner en riesgo la integridad y la tranquilidad de las comunidades y urgió a las autoridades judiciales a restituir los derechos de las víctimas y a investigar hechos similares que se han presentado en otros departamentos.
La denuncia llegó a la Fiscalía desde Bogotá el 17 de septiembre de 2025. El Gobierno busca que la justicia actúe con prontitud para proteger a las comunidades y evitar que los civiles sigan convertidos en herramienta de la violencia.
