La Contraloría General reiteró este martes que la Nueva EPS tiene un saldo de anticipos pendientes por legalizar que asciende a $15,3 billones con corte al 30 de junio de 2025, una situación que se origina en presuntas irregularidades contractuales, la omisión de auditorías a las cuentas médicas y graves debilidades en sus sistemas de información que impiden conocer en detalle el uso de los recursos de la salud en Colombia.
El organismo de control fiscal explicó que sus hallazgos son el resultado de una actuación de policía judicial adelantada en la Nueva EPS, ordenada por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para obtener datos sobre su estado administrativo y financiero.
Esta diligencia se hizo necesaria porque la EPS no cuenta con estados financieros certificados y dictaminados para las vigencias 2023 y 2024. Sin embargo, la Contraloría encontró limitaciones significativas por la baja calidad y seguridad de los datos, pues el sistema de información de la entidad no garantiza la trazabilidad, consistencia ni completitud de la información.
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La investigación previa del ente de control ya había alertado el 9 septiembre de 2025 sobre el crecimiento exponencial de estos anticipos sin legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, para finalmente escalar a los $15,3 billones a mediados de 2025, comprometiendo seriamente la liquidez de la entidad.
Irregularidades contractuales y falta de auditorías
La Contraloría evidenció un incumplimiento sistemático del Decreto 441 de 2022, que rige la contratación en el sistema de salud. Entre las irregularidades detectadas se encuentran: la ausencia de notas técnicas, la falta de soportes documentales, la omisión en la definición de modalidades de pago y la no identificación de la población objetivo.
Según el informe, estas prácticas fomentan la opacidad contractual y abren la puerta a riesgos como el doble pago, la sobreutilización de servicios y el desvío de recursos públicos.
Uno de los hallazgos más graves es que la Nueva EPS giró de manera recurrente anticipos a su red de clínicas y hospitales (IPS) entre 2022 y 2025. El ente de control precisó que estos pagos no debieron darse en los contratos bajo la modalidad de «pago por evento», donde el giro debe ser posterior a la prestación del servicio. La norma vigente desde 2022 no contempla la figura de anticipos de las EPS a las IPS.
Como consecuencia de estos pagos adelantados, la Nueva EPS no realizó las auditorías requeridas a las cuentas médicas radicadas por las IPS. Esta omisión resultó en que $15,3 billones quedaran pendientes de legalizar a junio de 2025.
Adicionalmente, la falta de auditoría a 13,7 millones de facturas, que suman $13,2 billones, podría haber materializado la pérdida de recursos del Estado por glosas u objeciones que quedaron en firme y cuyo valor debería ser asumido por la EPS.
La respuesta de la Supersalud y el Gobierno
Tras las primeras alertas, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó a la Nueva EPS aclarar estos pagos. El superintendente Giovanny Rubiano explicó que los hallazgos ya habían sido identificados por su entidad y que el problema no es la falta de pago, sino un fallo en el procedimiento administrativo.
Según la Supersalud, los dineros calificados como «anticipos» son en realidad «pagos a servicios ya prestados» a los que no se les asignó una factura específica. Por ello, se ordenó a la nueva gerente interventora, Gloria Polanía, realizar reuniones con los prestadores para firmar actas y legalizar a qué facturas corresponden los giros.
Por su parte, el presidente, Gustavo Petro, defendió la intervención del Gobierno a la Nueva EPS, afirmando que el informe de la Contraloría recoge las razones que llevaron a esa decisión. El mandatario calificó la situación como un «enorme robo a la salud de Colombia» y aseguró que la entidad ocultó facturas por valor de $5 billones.
A su vez, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que no es un problema nuevo ni exclusivo de este Gobierno, sino una «crisis estructural del sistema» que se arrastra desde hace más de 25 años.
La Contraloría General concluyó que continuará con las acciones de vigilancia y control fiscal, y que la delegada de salud adelantará las actuaciones correspondientes para determinar el daño patrimonial y los presuntos responsables fiscales.
De Colprensa
