A cinco años de la promulgación de la Ley Ana Cecilia Niño, todavía no se han puesto en marcha medidas cruciales, como la política de sustitución del asbesto y la ruta integral para atender a las personas expuestas a este peligroso material.
Un debate de control político realizado en Sibaté, una de las áreas más impactadas por el asbesto en el país, reunió a víctimas, familiares y expertos que exigieron una acción contundente y urgente del Gobierno para la implementación de la ley.
En respuesta a la falta de implementación de la ley que prohíbe la explotación, comercialización, distribución y uso del asbesto en Colombia, conocida como la Ley Ana Cecilia Niño, la senadora Nadia Blel, autora de esta normativa crucial, lideró un debate de control político este miércoles.
El objetivo del encuentro fue evaluar los avances en la aplicación de la ley y exigir al Gobierno Nacional un compromiso Real para su cumplimiento.
El evento, celebrado en Sibaté, uno de los municipios más afectados por este mineral tóxico, reunió a representantes de los ministerios de Salud, Medio Ambiente, Trabajo, Minas, y Comercio, junto a expertos, académicos y familias de víctimas del asbesto.
Una de las preocupaciones más críticas abordadas durante el debate fue la falta de una política de sustitución del asbesto instalado en el país, a pesar de que la ley estipulaba que el Gobierno debería tener un plan de reemplazo listo a más tardar el 11 de julio de este año.
«El asbesto sigue siendo una amenaza latente para los colombianos. Hay más de 10 millones de toneladas de asbesto instalado en todo el país y aún no contamos con una política efectiva de sustitución. La salud y la vida de millones de colombianos están en riesgo», afirmó la senadora Blel.
Además, se discutió la ausencia de una ruta integral para la atención de las personas expuestas al asbesto, la cual debió implementarse en los primeros seis meses tras la aprobación de la ley. Esto indica que aún no se ha formalizado la atención médica para las víctimas de esta sustancia dañina.
Respecto a la prohibición de nuevas concesiones para la explotación de asbesto, aunque no se están otorgando nuevos permisos, persiste la preocupación sobre la falta de control en el desmantelamiento de minas activas antes de la ley. No se han establecido medidas preventivas adecuadas, lo que agrava los riesgos para la salud pública y el medio ambiente en estas áreas contaminadas.
Es importante recordar que, según la Organización Mundial de la Salud, todas las formas de asbesto, incluido el crisotilo, son cancerígenas para el ser humano. La exposición a este material puede causar cáncer de pulmón, laringe y ovarios, así como mesotelioma y asbestosis. Este grave riesgo ha llevado a que el asbesto esté prohibido en 71 países alrededor del mundo.
Recientemente, el 5 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a Eternit Colombiana S.A. a pagar una indemnización de $16.510 millones a las víctimas del asbesto, incluyendo a la familia de Ana Cecilia Niño.
El debate culminó con un enfático llamado de la senadora Blel a las autoridades competentes para que cumplan con sus responsabilidades hacia las víctimas del asbesto y se implementen con urgencia las medidas estipuladas en la ley.
“El Estado no puede permitirse fallar en la supervisión de este tema; la salud pública y el bienestar de miles de personas dependen de ello”, concluyó la senadora @NadiaBlel.
