La Presidencia de la República reconoció a 14 exparamilitares como gestores de paz, con el fin de impulsar procesos de reparación, reconstrucción de memoria y fortalecimiento de la verdad judicial en el país. La medida quedó consignada en una resolución expedida el 22 de septiembre de 2025.
El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) asumirán la secretaría técnica del programa y coordinarán los compromisos de los excombatientes. El ministro Armando Benedetti defendió la decisión y aseguró que el objetivo es que Colombia conozca los vínculos de los grupos paramilitares con actores estatales y privados. “Quien critique esta resolución le tiene miedo a la verdad”, afirmó.
La resolución entrará en vigencia el 6 de agosto de 2026, un día antes del cierre del actual periodo presidencial. El documento aclara que el reconocimiento como gestores de paz no modifica la situación judicial de los beneficiados, no suspende medidas de aseguramiento ni otorga beneficios penales.
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Cada exparamilitar deberá firmar un acta de compromiso con actividades específicas de reparación, responsables de ejecución e indicadores de cumplimiento. Estos compromisos tendrán carácter administrativo y voluntario, sin incidencia en los procesos judiciales en curso.
Entre los designados figuran nombres reconocidos en el paramilitarismo como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo Serna, Rodrigo Tovar Pupo, Diego Fernando Murillo Bejarano (“Don Berna”) y Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), además de Héctor y Germán Buitrago, Ramiro Vanoy Murillo, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno, Edward Cobos Téllez, Arnubio Triana Mahecha y Rodrigo Pérez Álzate.
El Gobierno insiste en que el mecanismo busca aportar a la verdad del conflicto armado, garantizar espacios de reparación simbólica y fortalecer la justicia transicional. Sin embargo, la decisión ya genera debate entre organizaciones de víctimas y sectores políticos que advierten la necesidad de una estricta vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos.
