Las autoridades arrestaron este viernes en Barranquilla al polémico contratista Emilio Tapia, en respuesta a la determinación de un juez de Bogotá que revocó el beneficio de libertad condicional que lo cobijaba.
Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y también salpicado en el escándalo de Centros Poblados, había logrado en abril pasado su libertad condicional. Sin embargo, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá consideró que existían al menos dos razones para ordenar su recaptura, en decisión tomada el pasado 10 de octubre.
«Ordenar la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido, en el establecimiento que disponga el Inpec», señala un aparte de la decisión de 25 páginas.
El juzgado estimó que los delitos cometidos por el contratista y empresario en el llamado cartel de la contratación en Bogotá eran lo suficientemente graves y lesivos como para negarle la libertad condicional.
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Añadió que Tapia reincidió en otros hechos de corrupción en medio de su condena, como el caso de Centros Poblados, relacionado con un contrato millonario del Ministerio TIC que pretendía llevar conectividad a escuelas rurales.
Sin embargo, nunca se instalaron los centros digitales y se esfumaron $70.000 millones que el Ministerio había girado como anticipo, lo que derivó en investigaciones disciplinarias y judiciales, en las que Tapia volvió a estar involucrado.
En diciembre de 2024, Tapia fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el caso de Centros Poblados y en las irregularidades contractuales de Emcali.
El empresario, mediante un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además, se comprometió a reintegrar $5.063 millones que había apropiado ilícitamente.
La investigación reveló que en 2020, Tapia organizó un esquema fraudulento para participar en la licitación pública del MinTIC, por un billón de pesos, destinada a conectar escuelas rurales.
Constituyó la Unión Temporal Centros Poblados mediante la compra de experiencia de otras empresas y la presentación de pólizas bancarias falsas para garantizar el contrato.
Tras la adjudicación y legalización del contrato 1043 de 2020, gestionó un anticipo de más de $70.000 millones, de los cuales $5.063 millones fueron usados para obras de arte, vehículos y honorarios legales.
En 2021, replicó un esquema similar al conformar un consorcio con empresas bajo su control para adjudicarse dos contratos en Emcali, destinados a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, por $3.798 millones y $2.414 millones.
Para obtener los contratos, falsificó pólizas que garantizaban el cupo de crédito requerido, induciendo a error a funcionarios de Emcali. Estos hechos configuraron nuevamente delitos de corrupción que llevaron a la condena impuesta.
De Colprensa
