El Ministerio de Salud celebró la decisión de la Corte Constitucional que, mediante Auto del 13 de noviembre de 2025, ordenó incorporar al seguimiento constitucional las denuncias penales presentadas por esa cartera que involucran irregularidades en EPS.
Aseguró que las denuncias penales presentadas incluyen el proceso penal adelantado por la Dirección Especializada contra la Corrupción por presuntas irregularidades en la Nueva EPS, los reportes sobre cobros por servicios médicos a personas fallecidas en diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS), y la denuncia por recobros de medicamentos por encima del precio máximo autorizado por el Estado.
El Auto también dispuso que esta información fuera remitida a la Fiscalía General de la Nación para su consideración dentro de las investigaciones en curso.
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“Estas conductas (que, como es de conocimiento público, han involucrado a distintas EPS durante años) no son simples inconsistencias administrativas: pueden configurar delitos, al implicar el posible uso indebido de recursos públicos destinados exclusivamente a garantizar el derecho fundamental a la salud”, indicó el Ministerio de Salud.
La cartera recordó que cobrar por servicios supuestamente prestados a personas fallecidas o realizar recobros por encima de los precios regulados constituye un fraude directo al sistema, afecta el patrimonio público y vulnera la confianza de millones de colombianos.
“Esta decisión confirma lo que ha sido reiterado en múltiples ocasiones: estas irregularidades no son hechos aislados, sino manifestaciones de una falla estructural asociada al modelo de intermediación de las EPS, un esquema que concentra recursos públicos sin suficientes mecanismos de control, permitiendo espacios para manejos opacos, desviaciones y abusos sistemáticos”, añadió.
El Ministerio enfatizó que el modelo actual de intermediación no puede seguir operando sin controles, y reiteró que la arquitectura del sistema debe garantizar trazabilidad en los recursos, auditoría permanente, supervisión directa del Estado y mecanismos de giro que aseguren que el dinero público se traduzca en servicios efectivos.
De Colprensa
