La Defensoría del Pueblo lanzó este martes las Unidades Especializadas para el Litigio de las Violencias de Género, que pretenden convertirse en una respuesta institucional urgente ante el aumento de las violencias extremas que padecen las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica.
El anuncio se hace el mismo día que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y hace parte de la Estrategia de Género para la Defensa Pública, que inicia operaciones prioritarias en los departamentos de Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca, además de en Bogotá.
Su objetivo es consolidar un servicio que incorpore de manera efectiva el enfoque de género, ofreciendo representación especializada, oportuna, respetuosa y humanizada, y la efectividad de esta estrategia depende de la articulación territorial.
“Necesitamos una respuesta estatal unificada y diligente y un diálogo permanente con la sociedad civil, con los movimientos de mujeres, con las organizaciones LGBTI y las veedurías ciudadanas, que permita hacer seguimiento, exigir cumplimiento y construir confianza”, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Una crisis que exige respuestas especializadas.
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En Colombia, las violencias de género constituyen una emergencia nacional, pues cada año se registran cerca de 1.000 mujeres asesinadas; es decir, una cada ocho horas. Y el país reporta, como dato que debe llamar la atención de la institucionalidad en su conjunto, un promedio anual de 139 asesinatos de personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, una de las cifras más altas de la región.
A estos crímenes se suma la persistencia de la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la trata de personas y las desapariciones. La impunidad agrava esta crisis: más del 90% de los delitos de violencia contra las mujeres no recibe condena, mientras que el 91,4% de los delitos sexuales permanece en etapa de indagación.
Estrategia
La estrategia, que cuenta con una ruta de coordinación con entidades del sector justicia, comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, autoridades locales y organizaciones sociales del movimiento de mujeres y de los sectores LGBTIQ, está basada en:
La mejora de las capacidades de defensa técnica con enfoque de género, clave para la judicialización de delitos sexuales, feminicidios y violencias por prejuicio.
El fortalecimiento de las rutas de atención, de la emisión de medidas de protección y de las órdenes de captura.
El posicionamiento en las decisiones judiciales de los argumentos jurídicos que permitan comprender el contexto de discriminación y patrones de violencia estructural de las violencias basadas en género, para que haya un acceso real y efectivo a la administración de justicia.
De Colprensa
