La situación en Playa Blanca, Barú, volvió a generar controversia tras la denuncia de turistas que enfrentaron cobros obligatorios para ingresar a la playa, una práctica que reabrió el debate sobre el control, la legalidad y el orden en uno de los destinos más visitados de Cartagena.
En videos difundidos en redes sociales, visitantes cuestionaron el pago exigido por personas que operan en los accesos a la playa, sin información clara ni respaldo visible de autoridad. Aunque la normativa ambiental sí exige un seguro para el ingreso a zonas protegidas, el problema radica en quién cobra, cómo se cobra y bajo qué control institucional se ejecuta la medida.
Sugerencias: Gremio de infraestructura denuncia cobros ilegales en el peaje de Sabanagrande
Playa Blanca hace parte del área de influencia del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, lo que activa requisitos especiales para el acceso de turistas. Sin embargo, la falta de señalización oficial, puntos autorizados y pedagogía al visitante convierte una obligación legal en un foco permanente de conflicto.
Desde la administración distrital, el alcalde de Cartagena reconoció que la exigencia del seguro no es arbitraria, pero advirtió que el recaudo informal deteriora la imagen turística de la ciudad, genera desconfianza y expone a los visitantes a prácticas irregulares.
El desorden en Playa Blanca no es un hecho aislado. Operadores turísticos y visitantes denuncian desde hace años cobros inconsistentes, ausencia de control estatal y disputas por el manejo económico de la playa, una combinación que impacta directamente la experiencia del turista y la reputación de Cartagena como destino internacional.
