Durante el primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Turbaco, la concejala Maritza González confrontó de manera directa a la alcaldesa Claudia Espinosa Puello, acusándola presuntamente de usar los recursos y funcionarios del municipio para hacer política a favor de intereses personales.
“Nosotros no somos bobos. Sabemos que hoy usted está haciendo política, que hoy usted está haciendo con los recursos de Turbaco un proselitismo político”, enfatizó González frente a la mandataria, señalando que la evidencia de esta conducta no se limita a audios o afiches, sino a la organización obligatoria de funcionarios para respaldar su imagen en actos oficiales.
La concejala cuestionó con dureza la forma en que la alcaldesa maneja la administración: “Hoy vemos todo Turbaco embarrucado con el nombre de su ex o su esposo, acomodándose según las circunstancias. Usted nunca le ha dicho a sus funcionarios que no participen en política; al contrario, los involucra para respaldar su imagen”.
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¿Que dice la ley’
El artículo 422 del Código Penal establece sanciones para los servidores públicos que participen de manera indebida en política, mientras que el régimen disciplinario contempla incluso la destitución del cargo.
Intervención solicitada
El abogado penalista Gustavo Moreno solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación que intervengan y esclarezcan los hechos, advirtiendo que de confirmarse la participación indebida en política, la alcaldesa podría enfrentar consecuencias disciplinarias y penales.
Hechos públicos muestran a una alcaldesa participando activamente en la promoción política de un futuro candidato a la Cámara.
Sin prejuzgar, estos comportamientos podrían comprometer las normas sobre participación en política de servidores públicos.
Por eso, como ciudadano y… pic.twitter.com/V5CNIBZTgt
— Control360/Veeduría Nacional (@Control360_jus) January 31, 2026
Hasta ahora, ni la Procuraduría ni la Fiscalía se han pronunciado oficialmente sobre las denuncias de presunto proselitismo político y al parecer el uso indebido de recursos públicos señalados por la concejala.
