La senadora y candidata Paloma Valencia denunció la firma de dos contratos por $6.401 millones entre el Ministerio de Igualdad y la Universidad Nacional de Colombia, a pocos meses de que la cartera entre en proceso de liquidación por decisión judicial.
Según la congresista, los convenios buscan diseñar la política de campesinado y formular la línea base de la política contra la discriminación. Sin embargo, esos lineamientos ya quedaron definidos en el Plan Nacional de Desarrollo hace dos años, por lo que, a su juicio, el Ministerio debía implementarlos directamente y no volver a contratarlos.
Contratos con millonarios anticipos
El primer contrato, firmado el 18 de noviembre de 2025 por $4.976 millones, incluye anticipos por $1.990 millones para el plan de trabajo y $1.492 millones para la metodología. El documento final deberá entregarse el 18 de julio de 2026.
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El segundo contrato, suscrito el 28 de enero de 2026 por $1.425 millones, contempla un anticipo del 40%, equivalente a $570 millones, y fija la entrega del informe para finales de mayo.
La controversia radica en los tiempos: los productos se entregarían entre mayo y julio de 2026, cuando el Gobierno esté por terminar y el Ministerio podría encontrarse en liquidación.
¿Por qué contratar lo que ya estaba definido?
Valencia cuestionó que, pese a que el Ministerio y su Fondo habrían vinculado cerca de 6.322 personas entre 2025 y 2026, con un costo aproximado de $241.896 millones, la entidad no haya formulado internamente estas políticas.
La senadora calificó la situación como un “derroche burocrático injustificable” y advirtió que, si se concreta la liquidación, los documentos contratados podrían quedar sin aplicación práctica ante un eventual cambio de directrices del próximo Gobierno.
