Cartagena enfrenta un serio riesgo tras la elección de Yadira Morales Roncayo como nueva contralora distrital. Su llegada al cargo para el periodo 2026-2029 abre un fuerte debate sobre la independencia del control fiscal y la vigilancia del dinero público en la ciudad.
Desde Nación Costeña veníamos advirtiendo lo que estaba ocurriendo detrás del proceso. Meses atrás publicamos información que señalaba presuntas maniobras políticas alrededor de la elección del nuevo contralor de Cartagena, en un escenario donde varias fuentes alertaban sobre movimientos silenciosos para direccionar la votación.
Según concejales consultados bajo reserva, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, habría contactado presuntamente a cabildantes para pedir respaldo a favor de Yadira Morales, entonces contralora del Atlántico, cuyo nombre ya circulaba como la posible ganadora incluso antes de la votación.
Las versiones hablaban incluso de reuniones privadas entre el mandatario distrital y la aspirante.
Cuando este medio consultó oficialmente a la Alcaldía de Cartagena sobre la relación entre el alcalde y la hoy contralora electa, la respuesta fue escueta. A través de su directora de comunicaciones se indicó que el mandatario “no la conoce”, una afirmación que no logró disipar las dudas que rodeaban el proceso.
Advertencias de la Red de Veedurías
Las alertas no se quedaron únicamente en versiones políticas. La Red de Veedurías de Colombia, en cabeza de Pablo Bustos, denunció graves irregularidades en el proceso de elección, señalando que Yadira Morales habría quedado automáticamente inhabilitada al no entregar el certificado de antecedentes disciplinarios para abogados, documento que la convocatoria exigía como requisito obligatorio e insubsanable.
Según la Red de Veedurías, permitir la participación de un aspirante que no cumple requisitos habilitantes podría violar normas como la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 909 de 2004, que obligan a acreditar todos los requisitos antes de acceder a cargos públicos.
El organismo también alertó sobre una posible “puerta giratoria”, ya que Morales terminaba su periodo como contralora del Atlántico el 31 de diciembre de 2025 y aspiraba a asumir casi inmediatamente la Contraloría de Cartagena.
Golpe judicial al proceso
Las dudas jurídicas escalaron aún más cuando un fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena ordenó excluir del proceso de selección a cuatro aspirantes al cargo de contralor distrital. Entre los excluidos figuraban:, Yadira Morales Roncayo, Robinson Camilo Ojeda, Alcibaldo Cruz León y Abraham Haydar Berrocal
La decisión judicial se tomó dentro de la acción constitucional AC-2025-00256, luego de que el juez determinara que no cumplieron con los requisitos exigidos dentro de la convocatoria pública.
El fallo representó un fuerte remezón institucional y dejó abiertas incluso posibles responsabilidades para la mesa directiva del Concejo de Cartagena si el proceso continuaba sin resolver las irregularidades señaladas.
La controversia llegó a tal punto que Cartagena inició el año 2026 sin contralor titular.
Ante la falta absoluta en el cargo y mientras se resolvían los procesos judiciales, la Alcaldía designó a Alcibaldo Cruz León como contralor provisional, decisión tomada mediante decreto mientras el Concejo destrababa la elección definitiva.
Pese a todas las advertencias, denuncias de veeduría y decisiones judiciales que pusieron en duda el cumplimiento de requisitos, el Concejo de Cartagena terminó eligiendo a Yadira Morales Roncayo como contralora distrital.
La elección se produjo con 14 votos a favor, poniendo fin a meses de interinidad en el organismo encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos del Distrito.
veedor ciudadano anunció que interpondrá una demanda de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
A las preocupaciones ya planteadas se suma una advertencia del veedor ciudadano David López Romero, quien señaló posibles irregularidades en el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria pública.
Según el análisis jurídico presentado, algunos aspirantes, entre ellos Yadira Morales Roncayo, habrían omitido presentar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, documento exigido de manera expresa en el artículo 15 de la Resolución 185 de 2025, que regula el proceso de elección.
De acuerdo con el veedor ciudadano, varios aspirantes habrían aportado únicamente certificados de sanciones vigentes, documento que no equivale ni sustituye el certificado de antecedentes disciplinarios, requisito obligatorio para profesionales del derecho que aspiran a ejercer funciones públicas de control.
El análisis jurídico advierte que la no presentación de este documento podría constituir una causal de exclusión no subsanable, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la convocatoria, el cual señala que la ausencia de documentos exigidos al momento de la inscripción puede generar la exclusión del proceso en cualquier etapa.
Ante esta situación, López Romero anunció que interpondrá una demanda de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de que la justicia revise la legalidad del acto de elección.
Asimismo, informó que también presentará una denuncia penal para que se investiguen las actuaciones relacionadas con el proceso adelantado por la Universidad de Cartagena, entidad encargada de verificar los requisitos de los aspirantes dentro del concurso.
El riesgo que señalan distintos sectores es claro: si el organismo encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos pierde su independencia frente al poder político, el control fiscal de la ciudad queda debilitado.
En una ciudad donde se mueven miles de millones en contratación pública, la independencia de la Contraloría no es un detalle menor. Es, literalmente, la línea que separa la vigilancia del dinero público de la captura política del control fiscal.
