Una investigación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) puso bajo la lupa a una presunta red que habría utilizado EPS, IPS, empresas y personas naturales para desviar recursos públicos destinados a la atención de millones de pacientes en Colombia.
El anuncio lo hizo el director de la entidad, Wilmar de Jesús Mejía, quien aseguró que presentará ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra 168 personas y decenas de empresas presuntamente vinculadas a una estructura que habría movido recursos del sistema de salud hacia cuentas nacionales e internacionales.
Más allá de los nombres y las acusaciones, el eje de la investigación apunta a un presunto mecanismo mediante el cual recursos públicos que debían financiar consultas médicas, medicamentos, tratamientos y hospitales terminaron circulando por una compleja red empresarial.
El hallazgo que encendió las alarmas
Uno de los datos más llamativos revelados por la UIAF es la identificación de 45 millones de facturas que, según la entidad, no tendrían soporte suficiente dentro de los registros analizados en la Adres, organismo encargado de administrar los recursos de la salud en Colombia.
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La investigación también identificó a 83 profesionales vinculados a labores contables y de revisoría fiscal, quienes aparecen en la documentación analizada por los investigadores.
Además, la UIAF asegura haber encontrado conexiones entre 17 EPS, 43 personas jurídicas y 25 personas naturales, incluyendo representantes legales y miembros de juntas directivas.
La hipótesis de los investigadores es que varias empresas habrían sido utilizadas para mover recursos entre EPS e IPS hasta llegar a cuentas bancarias dentro y fuera del país.
Recursos habrían llegado al extranjero
Uno de los aspectos más delicados del caso tiene que ver con el supuesto traslado de dinero a cuentas internacionales.
Según la información presentada por la UIAF, parte de los recursos bajo investigación habría terminado en Estados Unidos, razón por la cual la entidad afirmó que mantiene cooperación con organismos de ese país para rastrear los movimientos financieros.
La investigación sostiene que solo dos personas concentrarían movimientos cercanos a los 20.000 millones de pesos, una parte importante realizada en efectivo, situación que dificulta la trazabilidad de los recursos.
Coosalud y otras EPS aparecen en la investigación
Durante la exposición de los hallazgos, el presidente Gustavo Petro afirmó que entre las entidades mencionadas en las investigaciones figura Coosalud EPS, además de otras EPS que también serían objeto de revisión.
El mandatario aseguró que las pesquisas apuntan igualmente hacia uno de los principales operadores de medicamentos del país, cuyos contratos alcanzarían varios billones de pesos.
Sin embargo, hasta el momento las denuncias corresponden a hallazgos e hipótesis de investigación presentadas por la UIAF y deberán ser evaluadas por la Fiscalía, entidad encargada de determinar si existen elementos suficientes para abrir procesos penales y establecer responsabilidades.
También investigan presunta compra de votos
La UIAF anunció además una segunda denuncia relacionada con posibles irregularidades electorales.
Según la entidad, serán reportados ante la Fiscalía cerca de 2.900 ciudadanos por presuntas transacciones asociadas a compra de votos y aproximadamente 3.200 personas por una posible venta de sufragios.
