Ramiro González Mancilla, alcalde de María La Baja, enfrenta una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes después de que un juez concluyera que incumplió una tutela que protegía los derechos de la ciudadana Eleidis Salgado Salas.
La decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Mahates deja en evidencia una situación que trasciende un trámite administrativo. Según el expediente judicial, la administración municipal desatendió una orden destinada a garantizar un derecho fundamental y tampoco logró demostrar ante la justicia que hubiera cumplido lo ordenado.
El caso se originó cuando Eleidis Salgado Salas presentó un derecho de petición el 4 de marzo de 2026 para obtener respuestas relacionadas con presuntas acreencias laborales. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, la ciudadana acudió a la acción de tutela para exigir la protección de su derecho fundamental de petición.
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El 5 de mayo de 2026, el juzgado le dio la razón a la ciudadana y ordenó a la Alcaldía de María La Baja responder de manera oportuna, completa y de fondo en un plazo de 72 horas. Sin embargo, la controversia no terminó ahí.
Según la providencia, la Alcaldía tenía la obligación de responder de manera clara, precisa y completa los interrogantes formulados por la ciudadana. No obstante, el despacho judicial concluyó que la administración municipal no resolvió de fondo las solicitudes relacionadas con los pagos y reconocimientos laborales reclamados por la accionante. Para el juzgado, la administración no acreditó el cumplimiento efectivo de la orden judicial, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo durante el trámite del incidente de desacato.
El juez requirió al alcalde Ramiro González Mancilla para que explicara las actuaciones adelantadas y demostrara el cumplimiento de la tutela. Sin embargo, el mandatario no presentó pronunciamiento alguno frente a la apertura del incidente de desacato ni frente a los requerimientos posteriores realizados por el despacho.
En otras palabras, el alcalde no solo enfrentó cuestionamientos por incumplir una orden judicial, sino que además dejó pasar la oportunidad de defender su actuación ante el juzgado.
El juzgado señala que la administración municipal asumió una actitud «pasiva e indiferente» frente al cumplimiento de la orden judicial. Además, el despacho concluyó que el alcalde se resistió sin justificación a cumplir lo ordenado por la justicia constitucional, pese a que la tutela buscaba proteger un derecho fundamental de una ciudadana.
Arresto y multa contra el mandatario
Tras revisar el expediente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Mahates declaró en desacato al alcalde de María La Baja y le impuso una sanción de tres días de arresto junto con una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con el propósito de garantizar el equilibrio informativo, Nación Costeña contactó al alcalde Ramiro González Mancilla y le envió un cuestionario sobre la decisión judicial, las razones del incumplimiento señalado por el juzgado y las acciones que emprenderá frente a la sanción. Sin embargo, al cierre de esta publicación el mandatario no respondió las preguntas formuladas por este medio.
El silencio del alcalde frente a esta solicitud de información coincide con lo señalado por el juzgado dentro del expediente, donde también quedó consignado que el mandatario no presentó respuestas a los requerimientos realizados durante el trámite del incidente de desacato.
