Aunque Air-e, empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en la región Caribe de Colombia, desembolsó $78.000 millones para cubrir el 90% de sus deudas con agentes del mercado energético, los desafíos financieros y estructurales de la compañía siguen siendo alarmantes. Intervenida por el Gobierno Nacional, mantiene pasivos acumulados por $800.000 millones y enfrenta un panorama que pone en duda su sostenibilidad a largo plazo.
Pagos parciales, problemas acumulados
Air-e asegura haber saldado las cuentas con 98 de los 109 acreedores mediante recursos propios, pero aún debe negociar con 11 entidades, proceso que dependerá del respaldo gubernamental. Si bien este paso busca restablecer la confianza en el proceso de intervención, la situación financiera de la empresa evidencia una estructura debilitada.
Pasivos históricos, como los $400.000 millones adeudados a generadoras térmicas y la falta de liquidez por subsidios atrasados, limitan la capacidad operativa de Air-e. Esta crisis financiera, combinada con una dependencia del 55% en la bolsa de energía, ha disparado los costos de suministro, impactando directamente a los usuarios con tarifas más altas.
Un entorno operativo cuestionable
La gestión de Air-e se complica aún más tras la pérdida de información contable esencial. Un hackeo en septiembre eliminó datos clave, como estados financieros y registros tributarios, dejando a la empresa sin herramientas críticas para su administración. Este incidente genera dudas sobre los mecanismos de control interno y la capacidad técnica de la empresa para enfrentar su crisis.
Sugerencia: Ministro de Minas intervendrá a Air-e y anuncia medidas
La realidad detrás de las cifras
Aunque el agente interventor Edwin Palma destaca los esfuerzos de la compañía por estabilizar su operación, las condiciones actuales parecen contradecir el optimismo oficial. “Desde el primer día hemos trabajado por cumplir las obligaciones financieras y garantizar la sostenibilidad de la empresa”, afirmó Palma, pero los retos estructurales, junto con la resistencia de generadoras a ofrecer energía sin garantías, sugieren que el camino hacia la recuperación será largo y complejo.
Usuarios bajo incertidumbre
Más allá de las cifras y los comunicados, la estabilidad del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira está en juego. Los usuarios, quienes ya enfrentan altos costos por la crisis energética, observan con escepticismo las medidas adoptadas, mientras el Gobierno Nacional busca evitar un colapso que afectaría a más de 1,3 millones de familias.
