La Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no han reportado hallazgos de corrupción ni de otra clase, al responder a cuestionamientos sobre sus gastos.
Auditorías a la JEP
La jurisdicción presentó ese balance de los organismos de control dentro de la discusión sobre el manejo de sus recursos. También sostuvo que ha atendido oportunamente los requerimientos y que mantiene disponible la información relacionada con los dineros destinados a su operación y al cumplimiento de sus funciones.
En su pronunciamiento, la entidad recordó que el Ministerio de Hacienda reportó un 99,3 % de cumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado durante el año anterior. Añadió que la OCDE la ha descrito como un ejemplo de transparencia pública.
Viajes y sede principal
La JEP relacionó los cuestionamientos con las comisiones internacionales de sus funcionarios. Explicó que los viajes obedecen a invitaciones oficiales para rendir cuentas ante la comunidad internacional sobre el modelo de Justicia Transicional Restaurativa y a la participación en espacios judiciales con organismos y entidades dedicados a los derechos humanos y al derecho penal internacional.
Para la entidad, esas actividades guardan relación con el estatus internacional del Acuerdo Final de Paz, depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido como documento oficial por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2261. Bajo esa consideración, señaló que debe informar a la comunidad internacional sobre su trabajo.
La jurisdicción aseguró que todas las salidas del país están justificadas y que fueron comunicadas a través de sus canales oficiales. Además, pidió que las consultas sobre su funcionamiento y sus gastos se hagan directamente en esos espacios para sostener el debate público con datos verificables.
La respuesta también abordó el inmueble arrendado donde funciona la oficina principal de la JEP en Bogotá. La entidad indicó que buscó adquirirlo durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro: la primera gestión ante el Ministerio de Hacienda no avanzó favorablemente y el proyecto posterior recibió un concepto técnico desfavorable del Departamento Nacional de Planeación.
De acuerdo con la JEP, el valor comercial estimado del edificio para 2026 asciende aproximadamente a $288.538 millones. Rechazó que el precio fuera de $20.975 millones, al precisar que esa suma corresponde al valor catastral registrado en 2020, no a un avalúo comercial.
Al no prosperar los proyectos de compra, la jurisdicción continúa operando en el inmueble arrendado. La entidad mantuvo que la información sobre ese gasto y el resto de su operación está disponible en sus canales oficiales.
