La Sala de Casación Penal dejó en firme la condena contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez por su participación en el cartel de la toga. También pidió al gobierno de Abelardo De La Espriella que adelante, por vía diplomática, los trámites para extraditarlo desde Canadá y hacer efectiva la pena de prisión.
La extradición de Leonidas Bustos
La Corte exhortó al Gobierno a actuar a través de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Canadá para poner al exmagistrado a disposición de las autoridades colombianas. Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra en ese país.
El fallo vincula esa solicitud con la ejecución de la condena. Para la Sala Penal, la ausencia de Bustos de la jurisdicción colombiana compromete el cumplimiento de la pena y la respuesta institucional frente a los hechos de corrupción judicial por los que fue juzgado.
La Corte situó las gestiones solicitadas en el marco de la cooperación judicial internacional y del principio de reciprocidad. Señaló que Colombia ha estudiado peticiones de extradición presentadas por Canadá, algunas de las cuales recibieron concepto favorable de la corporación.
Sobornos y procesos judiciales
Bustos fue condenado por cohecho propio y concierto para delinquir. La decisión examinó su participación en una red que cobraba a congresistas para interferir en investigaciones penales adelantadas en su contra. Las actuaciones buscaban, entre otros resultados, archivar o dilatar procesos.
En el caso del entonces senador Álvaro Antonio Ashton Giraldo, la Corte dio por acreditado que Bustos recibió $200.000.000 para contribuir a un auto inhibitorio ilegal. La investigación también recogió una promesa de pago de $1.200.000.000 para obtener el archivo del proceso y una entrega inicial de $600.000.000.
La Sala examinó además la aceptación de promesas remuneratorias en el caso de Musa Besaile. Al valorar los hechos, tuvo en cuenta la posición que Bustos ocupaba en el alto tribunal: fue dos veces presidente de la Sala Penal y también presidió la Corte Suprema de Justicia.
La decisión, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, consideró acreditada la existencia de una organización en la que participaron funcionarios judiciales y abogados litigantes. La Corte describió una distribución de funciones orientada a intervenir en los procesos de aforados constitucionales.
Tras quedar en firme la condena, el siguiente paso solicitado por la Corte corresponde al Gobierno: adelantar las gestiones diplomáticas para la extradición de Bustos y ponerlo a disposición de las autoridades colombianas para el cumplimiento de la pena.
