La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que examine información relacionada con excongresistas de Comunes en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. El trámite siguió a una petición del Ministerio de Justicia basada en los señalamientos de María Claudia Tarazona, viuda del exsenador.
Señalamientos sobre Luis Alberto Albán
El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió profundizar la investigación y verificar las revelaciones de Tarazona. Entre las personas señaladas por ella está Luis Alberto Albán, excongresista de Comunes conocido como Marcos Calarcá, a quien vincula con la presunta determinación del crimen.
Tarazona hizo público un mensaje que, según relató, mencionaba a Albán y habría llegado a un funcionario público en abril de 2025, antes del atentado contra Uribe Turbay. La viuda también sostuvo que recursos para organizar el ataque habrían llegado desde Venezuela y que la orden se habría originado en el Congreso. La Fiscalía no validó esas afirmaciones en su respuesta al ministerio.
La orden de remitir las copias se dio el 20 de octubre de 2026. La Fiscalía la comunicó al día siguiente en una respuesta firmada por Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial. El documento no identifica a los aforados objeto de la compulsa ni establece responsabilidades penales.
La Fiscalía señaló que la decisión se fundamenta en los artículos 186 y 235 de la Constitución Política, relativos a sus competencias frente a aforados. Corresponde a la Corte Suprema examinar la información recibida dentro de sus atribuciones.
La Fiscalía verifica las comunicaciones
Mientras la Corte examina lo remitido, la Fiscalía incorpora al expediente los datos entregados por Tarazona y su representación de víctimas. La revisión comprende las fuentes, la autenticidad y el origen de las comunicaciones, así como su eventual relación con el asesinato y con las personas mencionadas.
El homicidio está a cargo de un Grupo de Tareas Especiales creado el 19 de junio de 2025 por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá. Lo coordina el jefe de la Unidad de Vida e Integridad Personal de esa seccional. En el equipo participan cuatro fiscales e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, la Sijín y la Dijín.
La Fiscalía indicó que el trabajo no se limita a la judicialización de los autores materiales: también busca establecer posibles determinadores. La información aportada por Tarazona permanece bajo examen, mientras el grupo continúa las diligencias del caso y la Corte Suprema estudia las copias remitidas.
