La Alcaldía de Cartagena ordenó a varias entidades del Distrito restablecer el orden en Playa Blanca, corregimiento insular de Barú, luego de que se conocieran denuncias sobre controles ilegales ejercidos por nativos y operadores turísticos en los accesos al balneario. Estas acciones incluían la requisa de visitantes y el decomiso de alimentos, pese a no contar con facultades legales para ello.
Playa Blanca hace parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario, por lo que su acceso y uso se rige por normas específicas de protección ambiental. Según la legislación vigente —en particular la Ley 23 de 1973 y el Decreto 622 de 1977, que regulan las áreas protegidas— el ingreso de alimentos no industrializados está restringido, como medida para preservar el ecosistema.
No obstante, la aplicación de estas restricciones ha sido asumida de manera informal por actores comunitarios, sin acompañamiento oficial. En respuesta a esta situación, el alcalde Dumek Turbay confirmó que los consejos comunitarios y operadores turísticos no tienen competencia jurídica ni administrativa para ejercer funciones de control en la zona. “Hemos dado la instrucción a la Policía Metropolitana de Cartagena, la Secretaría del Interior, Distriseguridad y la Secretaría de Turismo para restablecer el orden y evitar este tipo de procedimientos ilegales”, declaró el Turbay.
La administración también anunció un trabajo articulado con entidades del orden nacional como Parques Nacionales Naturales y la Dirección General Marítima (Dimar), con el fin de ejercer control sobre el ingreso de cargas, garantizar el cumplimiento de precios regulados y verificar el tránsito de motonaves en zonas de bañistas.
