Mientras el Gobierno digiere el golpe político tras el hundimiento de la consulta popular en el Congreso, otro remezón sacude la Casa de Nariño: la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentó su renuncia irrevocable en una carta en la que denuncia presiones externas e intentos de interferencia en su gestión.
Buitrago, reconocida por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y la transparencia institucional, no dudó en dejar claro el motivo de su salida:
“No sé quiénes y con qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones, pero prefiero (…) seguir siendo lo que soy, e impartiendo instrucciones como jefe de la cartera con la convicción de que van a servir a materializar la justicia, con principios claros de transparencia, equidad, rectitud y lejos de cualquier interés o privilegio personal o de terceros”, escribió en su carta.
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La ahora exministra advirtió que no está dispuesta a permitir decisiones que contravengan su ética profesional. Aseguró que desde su llegada al cargo —en julio de 2024, tras la salida de Néstor Osuna— defendió con firmeza los principios de su cartera, incluso en medio de restricciones presupuestales y un entorno político adverso.
“Trabajé por la dignidad de las personas privadas de la libertad y por toda la población en general, a pesar de que los recortes presupuestales impidieron avanzar mucho más en nuestros propósitos”, subrayó Buitrago.
Su gestión atravesó uno de los momentos más tensos del actual mandato: resistió al sacudón político del pasado febrero, cuando un polémico consejo de ministros provocó la salida de varios funcionarios del gabinete. Sin embargo, esta vez la ministra no aguantó más.
Con su salida, el Gobierno pierde una de las pocas figuras que aún mantenía respaldo técnico y credibilidad en sectores independientes. En medio de la tormenta legislativa que dejó en el limbo la consulta popular, la renuncia de Buitrago reabre el debate sobre la independencia institucional y la verdadera autonomía de los ministerios frente a decisiones políticas.
