El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que el Decreto 0572 de 2025, que aumentó la autorretención en la fuente para diversas actividades económicas —incluidas 14 del sector minero-energético—, es innecesario y podría afectar las finanzas del país, ya que obliga a las empresas a pagar más por adelantado en impuestos que luego deberán ser devueltos.
El jefe del órgano fiscal señaló que esto generará mayores compromisos de devolución sin contar con los recursos presupuestales necesarios, lo cual podría dejar al Estado sin suficiente dinero para cubrir otros gastos en los próximos años.
El contralor explicó que este decreto no aumenta el impuesto de renta como tal, pero sí hace que las empresas paguen una parte más grande del impuesto antes de tiempo. Esa figura se llama autorretención. Según sus cálculos, las empresas ya están pagando por adelantado en promedio un 37% más de lo que en realidad deben pagar al final. Con este cambio, ese exceso subiría a un 72%.
Rodríguez concluyó que, aunque se recaude más dinero a corto plazo, luego el Estado tendrá que devolver ese dinero a las empresas y eso podría dejar al Gobierno sin los recursos necesarios en los próximos años para cubrir el presupuesto.
Durante su intervención en el Congreso de Andesco en Cartagena, Rodríguez también habló de una deuda que el Ejecutivo tiene con las empresas que prestan servicios de energía y gas. Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, esa deuda era de $7,6 billones a enero de 2025.
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De ese total:
$2,7 billones corresponden a subsidios de energía eléctrica;
$3,3 billones a la opción tarifaria;
$1 billón a deudas de entidades públicas como alcaldías y gobernaciones, y
$628.000 millones a subsidios de gas.
El Contralor explicó que, aunque parte de esa deuda ya fue reconocida por el Gobierno, aún falta por pagar lo que se generó en los primeros meses de 2025 y que, al parecer, no tiene aún presupuesto asignado.
Rodríguez también se refirió a la empresa Air-e, que presta el servicio de energía eléctrica en la región Caribe y que está intervenida por el Gobierno desde finales de 2024. Explicó que el fondo que se usa para apoyar empresas en problemas como esta tiene $416.500 millones, pero solo $167.000 millones están disponibles, mientras las deudas superan los $234.000 millones, sin contar otras empresas que ya están en liquidación.
La Superintendencia de Servicios está buscando más recursos para evitar que Air-e entre en quiebra, incluso se plantea crear un nuevo cobro para financiar el fondo, pero eso puede tardar.
Otro punto que mencionó el contralor es que el Gobierno decidió suspender por tres años la regla fiscal, que era una especie de norma para que el país no se endeudara más de lo permitido. Según él, esta decisión se tomó sin que hubiera una emergencia real que la justificara y eso preocupa porque se está dejando de controlar el gasto.
Gracias a esa suspensión, el Gobierno calcula que terminará 2025 con un déficit de 7,1% del PIB y una deuda pública de 61,3%.
Rodríguez también llamó la atención sobre la lenta ejecución del Presupuesto General de la Nación. A mayo de 2025, el Gobierno solo había gastado el 30,5% del presupuesto del año. En inversiones, que son proyectos como obras o programas sociales, apenas se había ejecutado el 19,3%.
Según el contralor, esto es preocupante porque sin ejecutar esos recursos no se entregan servicios ni se genera empleo, lo cual es clave para que la economía del país crezca.
Por último, el contralor habló sobre los problemas que sigue teniendo el sistema de subsidios para energía y gas. Dijo que muchos de estos no están bien diseñados y eso hace que no se logren los objetivos de ayudar a los que más lo necesitan ni garantizar un servicio de calidad.
Además, señaló que las reglas para fijar las tarifas no están actualizadas, que hay muchas deudas por la opción tarifaria y que la entidad encargada de regular el sector (la CREG) está débil institucionalmente.
De Colprensa
