La Asamblea Departamental de Antioquia contrató a la Universidad de Cartagena por un valor de $99 millones para adelantar el proceso de convocatoria pública que definirá al próximo Contralor Departamental para el periodo 2026–2029. La decisión, avalada por la Mesa Directiva, se basó en un proceso de referenciamiento de mercado, en el que participaron veinte instituciones de educación superior de todo el país.
La contratación generó críticas por parte de algunos sectores políticos y ciudadanos antioqueños, quienes cuestionaron que no se haya seleccionado a universidades del mismo departamento. Sin embargo, los documentos oficiales de la Asamblea explican que, tras la evaluación técnica de las propuestas recibidas, la Universidad de Cartagena fue la única que cumplió plenamente con los requisitos de experiencia, capacidad técnica, infraestructura tecnológica y propuesta presupuestal.
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Mientras que la Universidad de Antioquia presentó una oferta que superaba el presupuesto oficial en un 56,5%, y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid entregó una propuesta económicamente incierta, la Universidad de Cartagena ofreció un valor cerrado por debajo del presupuesto oficial, además de una robusta plataforma tecnológica, protocolos de seguridad, validación psicométrica científica y experiencia certificada en más de 16 procesos similares.
Según el comunicado oficial de la Asamblea, la propuesta de la Universidad de Cartagena garantiza un proceso transparente, objetivo y técnicamente sólido. Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales, como la ISO 9001:2015, CNSC y UDUAL, y su historial en procesos meritocráticos respalda la decisión tomada.
A pesar de esto, el diputado Luis Peláez expresó su desacuerdo, denunciando que no se compartió el presupuesto estimado con otras universidades del departamento, lo que, según él, afectó la libre competencia. Estas críticas fueron respaldadas por líderes sociales como Jorge Melguizo y Miguel Gutiérrez, quienes sugieren presuntas irregularidades y denuncian que la elección del contralor estaría influenciada por intereses políticos.
Frente a estas afirmaciones, los defensores del proceso resaltan que la elección no obedeció a intereses políticos sino a criterios técnicos y objetivos, y que, al contrario de lo que se afirma, la Universidad de Cartagena representa una garantía de imparcialidad y rigor académico.
Con esta decisión, la Asamblea Departamental de Antioquia apuesta por un proceso de selección basado en la meritocracia, la legalidad y la transparencia. La elección de una universidad caribeña rompe estigmas y demuestra que la calidad académica no tiene fronteras regionales.
