El Gobierno nacional expidió esta semana el Decreto 0858, con el que implementó algunos puntos clave de la reforma a la salud, que lleva meses en trámite en el Congreso. Según indicó el Ejecutivo, este decreto tuvo como propósito “consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria”, bajo un modelo preventivo.
El Ministerio de Salud precisó que “este decreto hace parte de las medidas para mejorar la prestación de servicios en el corto y mediano plazo”, sin reemplazar el debate legislativo en curso sobre la reforma estructural.
Entre los aspectos más destacados del decreto, se incluyó la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), articulando prestadores públicos, privados y mixtos, así como el fortalecimiento de la red hospitalaria pública con inversiones en infraestructura, tecnología y formalización del talento humano.
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Aunque el Gobierno afirmó que el decreto no modificó el actual esquema de aseguramiento ni el rol de las EPS, críticos señalaron que sí introdujo cambios sustanciales, anticipando lo que formalizaría la reforma en caso de ser aprobada.
Gremios del sector salud calificaron la medida como un atropello a la Constitución, advirtiendo sobre efectos desastrosos para un sistema ya debilitado. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que “el decreto no atiende los problemas reales y busca implementar cambios arbitrarios sin recursos y sin consenso”.
Cabal también denunció que el modelo propuesto instauraba un control estatal absoluto, vulnerando derechos ciudadanos y fomentando la distribución clientelista de beneficios en salud.
El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, también cuestionó el decreto, indicando que “transformaba las EPS y eliminaba el aseguramiento como lo conocemos”, mientras exigía nuevas responsabilidades sin brindar herramientas de gestión ni nuevas fuentes de financiación.
“El decreto contempla nuevos gastos, pero no define cómo se financiarán, lo que podría agravar el déficit del sistema”, puntualizó Gaviria.
Asimismo, aclaró que la mayoría de los cambios no tendrían efecto inmediato, ya que se estableció un periodo de transición con hojas de ruta para aplicar las transformaciones.
Un decreto con los días contados
La polémica no se hizo esperar. Pacientes y gremios radicaron demandas ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad del decreto, por considerar que vulnera el derecho fundamental a la salud y la separación de poderes.
Entre quienes interpusieron acciones legales se encontraron los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España.
Las próximas semanas serán clave: el Gobierno intentará avanzar con la implementación del decreto, mientras sus detractores buscarán frenarlo antes de que los daños se vuelvan irreversibles.
De Colprensa
