El Gobierno nacional expidió esta semana el Decreto 0858, mediante el cual implementó en el sistema de salud algunos puntos centrales de la reforma que ha intentado tramitar en el Congreso desde hace tiempo.
Según manifestó el Gobierno, el propósito fue “consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria”, basado en un modelo de salud preventivo.
“Este decreto hace parte de las medidas que el Gobierno Nacional ha venido adelantando para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión Séptima del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema”, explicó el Ministerio de Salud a través de un comunicado.
Entre los aspectos más relevantes, el decreto creó las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que articularán prestadores públicos, privados y mixtos para reducir la fragmentación en la atención. También buscó fortalecer la red hospitalaria pública, con inversiones en infraestructura y tecnología, además de la formalización del talento humano en salud para garantizar condiciones laborales dignas.
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Aunque el Gobierno negó que el decreto modificara el esquema actual de aseguramiento y el rol de las EPS —pues eso quedaría sujeto a la reforma legislativa—, los críticos aseguraron que esos cambios ya estaban incluidos y que la reforma solo formalizaría lo implementado por decreto.
Por este motivo, organizaciones del sector salud calificaron el decreto como un atropello a la Constitución y advirtieron sobre sus posibles efectos desastrosos.
Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “el decreto no atiende los verdaderos problemas, busca implementar cambios arbitrarios que, sin recursos y con poco tiempo, son la fórmula de un desastre”.
Fenalco señaló que la medida no respondió a diagnósticos técnicos ni consensos sociales, sino que pretendió imponer un modelo de control estatal absoluto. “El sistema de salud, en lugar de garantizar dignidad y bienestar, se convierte en una herramienta de fidelización política, vigilancia ideológica y distribución clientelista de beneficios”, expresó Cabal.
“El nuevo modelo territorializado deja los servicios a merced de intereses políticos locales y del control burocrático del Gobierno central”, añadió.
Por su parte, el exministro Alejandro Gaviria alertó que el decreto provocó cambios sustanciales en el aseguramiento y debilitó el rol de las EPS, a las que se les mantuvo la responsabilidad sin darles capacidad operativa.
Además, Gaviria advirtió sobre el riesgo fiscal: “El decreto contempla nuevos gastos en infraestructura hospitalaria, CAP, formalización y equipos territoriales, pero no define nuevas fuentes de recursos. Esta priorización, sin nuevos fondos, ampliará el déficit actual”.
También criticó que el Gobierno exigiera a las EPS gestionar el riesgo en salud, pero limitara su participación en las RIITS: “Se les mantiene la responsabilidad, pero se les debilita la capacidad de cumplirla”.
Aunque los cambios no serían inmediatos, el decreto estableció un marco de transición con hojas de ruta progresivas.
Un decreto con los días contados
Tanto gremios como pacientes manifestaron su preocupación y presentaron acciones legales ante el Consejo de Estado, pidiendo la nulidad del decreto.
Entre los demandantes están los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España, quienes aseguran que el decreto vulnera el derecho fundamental a la salud y rompe con la separación de poderes.
Las próximas semanas serán decisivas: el Gobierno intentará avanzar con los cambios antes de una posible caída del decreto, mientras sus contradictores esperan que los efectos no se vuelvan irreversibles.
De Colprensa
