La Procuraduría General de la Nación exigió al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y al agente interventor de la ESSMAR E.S.P., Herney Velásquez, informar las acciones ejecutadas para cumplir una orden judicial que obliga a solucionar el rebosamiento de aguas residuales en la ciudad.
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El Tribunal Administrativo del Magdalena emitió la orden en 2018 y el Consejo de Estado la ratificó en 2023. La directriz obliga al Distrito y a ESSMAR a realizar un estudio técnico del sistema de alcantarillado pluvial y a ejecutar obras que eviten colapsos durante las lluvias, protegiendo así la salud pública y el medio ambiente.
La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios también solicitó un reporte de las medidas adoptadas para prevenir inundaciones, considerando las zonas de riesgo establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
