Este lunes en la noche se conoció el texto del decreto de emergencia económica, que por un lapso de 30 días le permitirá al Gobierno expedir decretos legislativos y, en especial, la reforma tributaria, que el Congreso le archivó en el periodo de sesiones que concluyó en diciembre.
Llama la atención en el decreto que una de las razones esgrimidas por el Gobierno para acudir a la emergencia económica es la necesidad de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el sistema de salud le debe reconocer a las EPS para atender a cada uno de sus afiliados.
Asegura el Gobierno en el decreto 1390 de 2025, que adoptó la emergencia económica, que se requieren $3,3 billones para 2026 para cumplir con esa decisión.
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“La decisión de equiparar la prima pura de la UPC al régimen subsidiado al 95 % de la prima pura de la UPC al régimen contributivo implica un significativo aumento de los recursos fiscales que deben ser destinados por el Estado al cumplimiento de la obligación de asignar al Sistema General de Seguridad Social en Salud el monto necesario para garantizar la financiación de la unificación de los planes de beneficios”, dijo un aparte del decreto.
Lo llamativo es que el fallo de la Corte Constitucional que ordenó el reajuste de la UPC fue dictado en febrero de este año y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha estado incluso cerca de ser arrestado por desacato por no cumplir esa decisión.
Por ese motivo, el ajuste de la UPC no se podría considerar como un hecho sobreviniente, que es el tipo de situaciones que justifican una emergencia económica.
A lo largo del año, el Ejecutivo solicitó varias prórrogas de la decisión y realizó mesas técnicas que, según la Corte, no fueron idóneas para cumplir el fallo, y ahora, después de 10 meses de dictado, utiliza un fallo que no ha cumplido como argumento para justificar la emergencia.
La misma Corte Constitucional tendrá en sus manos en unos días la decisión sobre si la emergencia económica se ajusta o no a la Constitución.
De Colprensa
