La crisis de orden público en el municipio de El Litoral del San Juan encendió las alarmas tras la emisión de una Alerta Temprana de Inminencia por parte de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre un escenario crítico de violencia y confinamiento.
Según la entidad, existe una alta probabilidad de enfrentamientos armados entre el ELN y disidencias del Estado Mayor Central, lo que pone en riesgo directo a comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan la zona.
El foco de la disputa estaría en el control de la quebrada Munguidó, un punto estratégico que conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan y que se ha convertido en una “llave” para el dominio de rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, así como para economías ilegales como la minería y la extracción de madera.
Confinamiento y crisis humanitaria
La situación ya está dejando consecuencias. En lo corrido de 2026, se han registrado hechos violentos como el asesinato de un joven afrocolombiano y la desaparición de dos personas en la zona. Esto ha derivado en el confinamiento forzado de al menos 1.367 personas, equivalentes a 465 familias, quienes tienen restringida la movilidad por los ríos.
Esta limitación ha impactado directamente su subsistencia, ya que no pueden pescar, cazar ni cultivar, generando incluso reportes de hambre entre la población.
Las comunidades más afectadas se ubican en veredas como Munguidó, Pangalita, Palestina, Taparal y Pueblo Nuevo, entre otras, pertenecientes a consejos comunitarios afro y resguardos indígenas.
Control armado y amenazas
El informe también advierte sobre una creciente “gobernanza armada” en el territorio, donde los grupos ilegales imponen normas, distribuyen panfletos y amenazan con declarar objetivos militares a quienes no colaboren.
Además, se han documentado prácticas cada vez más peligrosas, como ataques con drones cargados con explosivos y la posible instalación de minas antipersonal en caminos rurales, lo que incrementa el riesgo para la población civil.
Incluso, líderes comunitarios han tenido que pedir permiso a estos grupos para movilizarse dentro de su propio territorio, lo que refleja el nivel de control ilegal que se ejerce en la zona.
Niños sin clases y salud en riesgo
La alerta también pone el foco en la población más vulnerable. Al menos 324 estudiantes no están recibiendo clases, debido al temor de los docentes y las restricciones de movilidad.
A esto se suma el riesgo de reclutamiento forzado: durante 2025 se reportaron siete casos, una cifra que podría aumentar ante la falta de condiciones de protección.
En materia de salud, la situación es igual de grave. Se han reportado casos de personas que no han podido ser atendidas, incluyendo mujeres con crisis médicas que no pueden ser trasladadas por las restricciones impuestas por los grupos armados.
