La Procuraduría General de la Nación activó intervención preventiva para exigir a las autoridades distritales y nacionales a responder frente a los riesgos que enfrentan niños y adolescentes de la comunidad Yukpa en Barranquilla, donde persisten denuncias por mendicidad, explotación infantil y vulneración de derechos.
En una mesa de trabajo liderada por la Procuraduría Provincial de Barranquilla, el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Secretaría de Gestión Social acordaron acciones inmediatas. Las entidades iniciaron la verificación de denuncias, reforzaron los procesos de protección y activaron jornadas de sensibilización para frenar la explotación infantil en las calles.
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La Secretaría de Gestión Social anunció que hará una caracterización completa de la comunidad Yukpa, evaluará apoyos alimentarios para la primera infancia y coordinará medidas humanitarias con otras dependencias distritales para evitar que continúe la exposición de menores en actividades de riesgo.
La Procuraduría enfatizó que las instituciones deben actuar con enfoque diferencial y respetar la identidad cultural de la comunidad, pero fue clara en pedir resultados y coordinación efectiva con los líderes y autoridades tradicionales. El ente de control confirmó que hará seguimiento estricto a cada compromiso para evitar que la vulneración persista.
La comunidad Yukpa expresó su interés en retornar a su territorio en Venezuela y pidió acompañamiento institucional para garantizar un desplazamiento seguro. Las entidades aún analizan esta solicitud y no han definido una ruta concreta para atenderla.
