La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (ANAP) advierte sobre la crisis del alumbrado público en La Guajira, Magdalena y Atlántico. La interventoría de la empresa AIRE decidió suspender el cobro del alumbrado público y la recolección de basuras. Esta decisión agrava la situación en la Costa Caribe.
Consecuencias de la decisión del agente interventor
Armando Gutiérrez, Director Ejecutivo de ANAP, declaró: «El Gobierno se hizo el de los oídos sordos para mitigar esta situación que había sido advertida hace meses. El Agente Interventor, Ingeniero Carlos Diago, tomó esta decisión de forma arbitraria y sin debido proceso». Gutiérrez enfatizó que, al no cobrar por el alumbrado público, se quedarán sin recursos para cubrir los pagos de energía. Esto detendrá las modernizaciones de sistemas de sodio a LED y afectará la calidad del servicio.
Desatención de la ley 1819 de 2016
La ANAP destaca que esta medida carece de estudios adecuados y desatiende la Ley 1819 de 2016. Según el artículo 352, «el recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el municipio o comercializador de energía mediante las facturas de servicios públicos». Esta ley cuenta con una sentencia de constitucionalidad que garantiza su aplicación.
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Impacto en la seguridad y el servicio público
Gutiérrez advirtió sobre los riesgos que esta situación representa para la seguridad ciudadana. «Esta medida dejará a oscuras a tres departamentos y aumentará los riesgos para la seguridad de los ciudadanos». La ANAP estima que, en 2024, se han presentado 90 denuncias por exceso de ruido en Cartagena, lo que agrava aún más la crisis.
La ANAP hace un llamado urgente al Agente Interventor para que revoque su decisión y actúe conforme a la ley. Esto salvaguardará la integridad de los servicios públicos en la Costa Caribe.
