Campesinos, alcaldes y autoridades locales del norte del Tolima anunciaron una reunión este miércoles en el municipio de Falan para reafirmar su rechazo a las Áreas de Protección para Alimentos (APPA), impulsadas por el Gobierno Nacional bajo la Ley 2294 de 2023. Aseguran que la medida limita la autonomía campesina y pone en riesgo la producción agrícola regional.
La protesta se da luego de una sesión ante la Corte Constitucional, en la que los mandatarios regionales y el Ministerio de Agricultura expusieron sus argumentos a favor y en contra. Las comunidades rurales aseguran que las APPA equivalen a una “expropiación disimulada”, pues el Gobierno pretende decidir qué y cómo deben producir los campesinos.
La alcaldesa de Herveo, Gina Vanessa Silva, criticó la ausencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, durante la sesión.
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“Me hubiera encantado que la Ministra estuviera presente para que supiera de primera mano lo que pasa en nuestros territorios. Decisiones tomadas desde escritorios capitalinos no pueden definir nuestro destino sin escucharnos”, afirmó la mandataria.
Desde el Gobierno, la ministra Carvajalino defiende las APPA como una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria y proteger los suelos fértiles del avance urbano. Sin embargo, campesinos como Amparo Galvis, de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empoderadas de Falan, consideran que la medida debe replantearse:
“Nadie niega que en Colombia hay hambre, pero esta política no va a funcionar en el área rural si no se construye con los campesinos”.
Por su parte, el alcalde de Falan, Forney Múnevar, aseguró que el Ministerio de Agricultura y la UPRA han actuado sin consultar a los municipios.
“Nos han informado, pero nunca nos han pedido ideas ni opiniones. No han visitado las veredas ni conocen el territorio”, señaló.
El encuentro de este miércoles busca definir nuevas acciones y plantear una solicitud formal a la Corte Constitucional para que declare inexequible la ley que crea las APPA. En todo el país, departamentos como Tolima, Antioquia y Cundinamarca se han unido al rechazo de esta política, luego de la polémica por la declaratoria de más de 1.900 hectáreas de protección en Sopó (Cundinamarca).
