Una juez de control de garantías impone medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector de la Función Pública, César Manrique Soacha, y a otras siete personas por su presunta participación en un entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Dirección irregular de $100.000 millones
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que indican que Manrique Soacha habría facilitado la entrega de $100.000 millones de un convenio entre la ANT y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. A cambio, habría solicitado entregar contratos a personas específicas.
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Uno de los contratos clave fue el de suministro de 40 carrotanques por $29.000 millones suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú, que presentaba sobrecostos por $13.164 millones. De esta suma, $3.000 millones habrían sido recibidos por Manrique Soacha, $2.060 millones por el abogado Édgar Riveros Rey, y $6.380 millones terminaron en manos de los directivos de Yapurutú.
Otras personas aseguradas
Además de Manrique Soacha, fueron asegurados:
Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado.
Ana María Riveros Barbosa, hija del abogado.
Sonia Rocío Romero Hernández, cuñada de Riveros y contratista de la UNGRD.
Édgar Echeverri Toro, representante legal de Yapurutú.
Francisco Estupiñán Bravo, jefe de ventas de Yapurutú.
Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de la Función Pública.
Óscar Cárdenas Angulo, contratista de la UNGRD.
Delitos imputados
Los ocho implicados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
