En Cartagena no solo duele la violencia. También duele el silencio. Y en el caso de Anthony González Alvear, ese silencio tiene nombre propio.
El 17 de abril, un joven de 17 años fue asesinado en la zona de bajamar del Caribana Beach & Golf Condominium, en Punta Canoa. Desde entonces, la respuesta institucional ha sido mínima.
Pero Cartagena ya ha visto este guion antes. Cuando las víctimas son turistas o los hechos afectan zonas de alto valor económico, la reacción suele ser inmediata: anuncios, recompensas, operativos. En este caso, en cambio, la respuesta se diluye.
Una administración que reacciona según el contexto
La administración de Dumek Turbay Paz enfrenta un cuestionamiento inevitable: la aparente selectividad en la forma en que responde a la violencia.
No se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se hace y de lo que se deja de hacer. Porque mientras una familia exige justicia, no hay anuncios contundentes ni señales claras de priorización del caso.Esa diferencia no pasa desapercibida. Y alimenta una percepción que crece en la ciudad: que la urgencia institucional depende del lugar, del contexto y, en muchos casos, de quién es la víctima.
Un crimen que expone una deuda histórica
El asesinato ocurrió en una zona de uso público. Sin embargo, durante años, comunidades locales han denunciado restricciones de acceso a estos espacios.
El caso no solo revela un hecho violento. También expone un modelo de ciudad donde el acceso al territorio se tensiona entre lo público y lo privado, y donde comunidades históricas enfrentan barreras cada vez más visibles. En ese contexto, la falta de una respuesta firme no es un detalle menor: es parte del problema.
Cuando una administración no actúa con la misma contundencia frente a todos los casos, envía un mensaje. Y ese mensaje, en Cartagena, empieza a ser claro: no todas las muertes generan la misma reacción.
El silencio institucional no es neutral. También comunica. También posiciona. También duele.
Editorial
