El expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió retirarse de la audiencia judicial en la que se le acusa de presunto soborno a testigos y fraude procesal, argumentando falta de garantías. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Uribe explicó las razones de su decisión en un hilo detallado.
“Sin garantías, ¿Por qué me retiré de la audiencia?”, comenzó el mensaje, indicando que el 30 de septiembre la defensa apenas recibió acceso completo a los dispositivos de Juan Guillermo Monsalve.
¿Uribe tiene razón? ¿A las personas se les debe juzgar por lo que hacen, no por quienes son?
El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez ha estado plagado de irregularidades que van más allá de su condición de expresidente. En una democracia sólida, el principio básico de un juicio justo debe estar garantizado para todos, sin importar su posición o influencia. Al rechazar las solicitudes de la defensa para analizar pruebas fundamentales, se está violentando un derecho que es esencial para cualquier acusado: el de la presunción de inocencia y la posibilidad de una defensa plena.
Uribe tiene razón al decir que necesita acceso completo a las pruebas para defenderse apropiadamente. Si bien su caso es complejo y rodeado de una alta carga política, esto no justifica que las reglas del juego cambien según quién esté en el banquillo de los acusados. El problema va más allá del personaje: si las garantías procesales no se respetan para él, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?
Este editorial defiende un punto de vista que debería ser una verdad universal: todos tienen derecho a ser juzgados de manera justa, sin importar su pasado, su reputación o los delitos de los que se les acusa. Al negarse a proporcionar el tiempo necesario para que la defensa evalúe las pruebas, se debilita la credibilidad del sistema judicial colombiano y se envía un mensaje peligroso: que la justicia puede moldearse según convenga a los intereses del momento.
Legalmente, Uribe no pide privilegios, sino un trato justo que respete las garantías fundamentales. Es crucial recordar que a las personas se les debe juzgar por lo que hacen, no por quiénes son. En un Estado de derecho, la imparcialidad del sistema judicial es la única forma de salvaguardar la confianza de los ciudadanos.
Según Uribe, la jueza del caso negó la solicitud de la defensa de extender el plazo para analizar más de 800 gigabytes de información contenida en el teléfono y el computador de Monsalve, dispositivos que permanecían bajo custodia de la Corte Suprema desde su decomiso. “No basta con la copia digital hecha por la Fiscalía, se necesitan los dispositivos originales”, afirmó, subrayando que incluso la Fiscalía conoce una incongruencia grave entre la copia entregada a la Corte y los dispositivos reales.
Ante la negativa de la jueza de permitir un tiempo adicional, el abogado defensor Jaime Granados también se retiró. Uribe concluyó en su hilo: “Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. Ante su negativa no me dejó opción que retirarme de la audiencia”. En la audiencia, la jueza insistió en que su presencia no era obligatoria, y su retirada se interpretó como una declaración de inocencia automática
Uribe asegura que esta situación afecta su derecho a una defensa adecuada y a un proceso justo, planteando la preocupación de que su estrategia depende de la evaluación completa de las pruebas. La audiencia continúa sin su presencia, a la espera de que el tribunal determine los próximos pasos.
Como ya lo mencionamos, el sistema judicial debe ser garante de imparcialidad y transparencia, no un escenario donde se modifiquen las reglas según el acusado. Álvaro Uribe, independientemente de su papel en la política, tiene derecho a una defensa completa y acceso a las pruebas necesarias. Si las cortes no garantizan este principio, se corre el riesgo de minar la confianza en la justicia. En Colombia, juzgar a alguien por su reputación y no por la evidencia es un retroceso peligroso que afecta a todos los ciudadanos, sin importar quién esté en el estrado.
