A pesar de las promesas de reparación, la restitución de tierras para comunidades afrodescendientes en Bolívar avanza a paso lento y sin garantías reales. Los Consejos Comunitarios de Los Olivos (Calamar) y Juana Pino Cogollo (San Estanislao de Kostka) llevan años esperando que el Estado reconozca legalmente sus territorios ancestrales.
Con el respaldo técnico de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), ambas comunidades han logrado consolidar información clave sobre las afectaciones sufridas durante el conflicto armado. Sin embargo, aún no se interpone ni una sola demanda ante los jueces, pese a que los diagnósticos están listos y las evidencias acumuladas. La URT solo promete que las acciones legales llegarán entre agosto y octubre de 2025.
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Las comunidades denuncian que el Estado ha sido lento, tardío y poco efectivo en cumplir su deber constitucional de reconocer y proteger los derechos étnico-territoriales. Aunque se han realizado jornadas de caracterización en terreno, los avances se limitan a informes y promesas, mientras las comunidades siguen sin títulos, sin seguridad jurídica y en medio de disputas por el control del territorio.
La situación de Los Olivos y Juana Pino evidencia una deuda histórica con los pueblos afrocolombianos. Más allá de lo técnico y jurídico, estas comunidades exigen voluntad política y acción real, no más burocracia disfrazada de justicia.
