El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas que integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una de las instancias más sensibles del Congreso, en momentos en que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) era utilizada como caja política para desvíos multimillonarios de recursos públicos.
La decisión, adoptada por la Sala 10 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura mediante auto del 29 de enero de 2026, ordena avanzar en el proceso contra los senadores Martha Isabel Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez, Julio Elías Chagüi Flórez, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, así como los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.
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La demanda señala que estos congresistas podrían haber incurrido en tráfico de influencias y gestiones indebidas, conducta que, de comprobarse, constituye una de las causales más graves para perder la investidura según la Constitución. El auto judicial subraya la necesidad de una decisión ejemplarizante, orientada a preservar la ética del servicio público y la dignidad del Congreso.
El caso UNGRD ha documentado que recursos destinados a emergencias se desviaron para respaldos políticos, silencios y decisiones institucionales. Exfuncionarios como Sneyder Pinilla y Olmedo López aceptaron su responsabilidad y describieron la estructura de corrupción, mientras contratistas y otros actores comienzan a colaborar con la justicia.
En el entramado también aparece Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, señalado como articulador político del esquema. Dos exministros permanecen privados de la libertad y expresidentes del Congreso están vinculados formalmente a las investigaciones, confirmando que el saqueo a la UNGRD fue una operación de alto nivel, no un hecho aislado.
El expediente resalta que la Comisión de Crédito Público no era un escenario marginal, sino donde se discutían decisiones estratégicas mientras la UNGRD se convertía en fuente de recursos ilegales. La demanda cuestiona si los congresistas usaron su investidura para gestionar intereses ajenos al mandato constitucional.
