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Consejo de Estado frena cambio al cálculo de pensiones mínimas en fondos privados

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1485 de 2025, que modificó el cálculo del deslizamiento del salario mínimo para algunas pensiones de fondos privados. La medida deja temporalmente sin efecto la fórmula expedida durante el Gobierno de Gustavo Petro y restablece las reglas anteriores mientras avanza el juicio sobre su legalidad.

La consulta omitida ante la SIC

La suspensión se apoyó en un posible defecto del procedimiento seguido por los ministerios de Hacienda y del Trabajo: el proyecto no fue sometido al trámite de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El Consejo de Estado consideró que el cambio podía incidir en las condiciones del mercado de rentas vitalicias al modificar los costos y riesgos de las aseguradoras.

El Ministerio de Hacienda reconoció durante el proceso que no había solicitado el concepto. Argumentó que la disposición era una decisión de política pública en seguridad social y que, por ello, no requería esa consulta. El tribunal sostuvo que la finalidad social de una norma no la exime automáticamente del trámite cuando puede afectar la libre competencia.

La medida cautelar quedó consignada en un auto interlocutorio del 12 de noviembre de 2026. El Consejo de Estado la adoptó al resolver recursos de Asofondos, Fasecolda y ASULADO Seguros de Vida contra decisiones judiciales que inicialmente habían negado la suspensión.

El cálculo de las pensiones mínimas

El deslizamiento aparece cuando el aumento anual del salario mínimo supera la inflación. Esa diferencia importa para las pensiones mínimas, cuyas mesadas crecen al ritmo del salario básico. En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cálculo afecta especialmente las rentas vitalicias: el afiliado entrega su capital a una aseguradora, que asume el pago de la mesada durante toda su vida.

El Decreto 036 de 2015 usaba como parámetro el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años, cercano al 0,39%. El decreto suspendido estableció el mayor valor entre ese promedio y el 35% del promedio de inflación de la misma década. Con ello, el indicador normativo pasó a cerca del 1,99% y cambió la distribución del riesgo financiero.

Asofondos y Fasecolda sostuvieron que la nueva fórmula reducía la cobertura estatal y trasladaba más riesgo a aseguradoras y afiliados. En los cálculos presentados por los demandantes, el capital necesario para financiar una renta vitalicia de un salario mínimo pasó de unos $349 millones a cerca de $549,6 millones para hombres y $549,5 millones para mujeres. También estimaron que entre 4.503 y 5.183 afiliados habrían perdido la posibilidad de acceder a una pensión anticipada o inmediata durante 2026.

El Gobierno defendió la modificación con el argumento de que la metodología anterior generaba desequilibrios capaces de comprometer la sostenibilidad fiscal. Afirmó, además, que el Estado mantenía una cobertura del 97,8% sobre las reservas vigentes y cuestionó que los perjuicios alegados fueran inminentes.

Por ahora, vuelve a regir la metodología del Decreto 036 de 2015. El proceso judicial continúa: la sentencia de fondo deberá examinar los demás cuestionamientos, incluidos los relativos a los derechos pensionales y a la fórmula de cálculo.

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