Un preocupante panorama sobre la calidad de vida en los resguardos indígenas reveló la Contraloría General de la República al advertir en su más reciente estudio sectorial que menos del 20 % de los hogares en estas zonas cuenta con acceso a acueducto y que el servicio de alcantarillado es prácticamente nulo debido a graves fallas en la planificación de las obras.
El ente de control evidenció debilidades estructurales profundas en la forma en que se ejecutan los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico dirigidos a esta población vulnerable.
Según el seguimiento que realizó la entidad a los contratos firmados entre 2018 y el 30 de junio de 2025, existen actualmente obras suspendidas por un valor de 62.350 millones de pesos, lo que equivale al 19 % de los recursos revisados. Esta parálisis genera riesgos altos de sobrecostos y la posibilidad de que estas iniciativas terminen convertidas en obras inconclusas o “elefantes blancos”.
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El estudio analizó con detalle 50 proyectos específicos de agua y saneamiento que suman una inversión total de 326.353 millones de pesos. El balance de esta revisión arrojó cifras inquietantes sobre la gestión administrativa, pues la Contraloría encontró que solo el 52 % de estas obras cumple con los tiempos pactados en los contratos.
Por otro lado, un 14 % de los proyectos está fuera de los plazos establecidos y un 34 % aparece con el ciclo cerrado, pero sin claridad sobre si realmente se cumplieron los objetivos propuestos. Estas cifras reflejan, según el organismo, serias limitaciones a la hora de planificar y medir los resultados reales que estas inversiones deberían tener en las comunidades.
Otro de los hallazgos importantes tuvo que ver con la financiación y la distribución del dinero. Se visibilizó que la principal fuente de recursos en 32 de los 50 proyectos analizados es el Presupuesto General de la Nación. Esta dependencia dejó ver la necesidad urgente de buscar otras formas de financiación, como las regalías, la cooperación internacional o fondos especiales para grupos étnicos, con el fin de no depender de una sola bolsa de dinero.
Además, aunque el dinero se concentra en 13 departamentos con presencia indígena, la distribución es desigual. El informe señaló que departamentos que tienen una población indígena significativa no han sido beneficiados con estas inversiones. Zonas como Córdoba, que tiene el 10,6 % de población indígena; Cesar, con el 2,7 %; Vichada, con el 3,5 %; Atlántico, con el 2 %, y Antioquia, con el 1,6 %, se quedaron por fuera de los beneficios de estos proyectos de agua y saneamiento.
La Contraloría también revisó qué tanto se cumplieron las promesas de los gobiernos anteriores y del actual. Frente al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, aunque se reportó un cumplimiento formal del 100 %, no se establecieron indicadores que permitieran verificar si las obras realmente sirvieron para que la gente tuviera agua. Es decir, se cumplió en el papel, pero no se sabe si se cerraron las brechas sociales.
Respecto al actual gobierno y su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, los avances se calificaron como insuficientes. El programa de agua potable para pueblos indígenas apenas registró un avance del 7 %, cuando lo esperado era un 50 %. Del mismo modo, el piloto de hábitat integral en la Amazonía solo avanzó un 5 %, lo que demostró un rezago considerable en la atención a estas comunidades.
De Colprensa
