La justicia colombiana abrió un camino clave para destapar la red de corrupción que golpeó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La juez penal de control de garantías de Bogotá legalizó el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Eduardo López Rosero, uno de los contratistas involucrados en la apropiación de millonarios recursos públicos.
El procesado se comprometió a colaborar con la justicia y a testificar contra otros presuntos responsables del entramado delictivo que manipuló procesos contractuales y direccionó contratos a dedo, afectando gravemente el presupuesto destinado a emergencias.
Ajustó propuestas con información privilegiada
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema estableció que López Rosero accedió de forma indebida a información privilegiada de la UNGRD. Con estos datos, ajustó propuestas, cotizaciones y requisitos para ganar contratos de suministro de carrotanques para La Guajira, camiones de bomberos y materiales de construcción en varios departamentos.
A cambio, entregó dádivas, incurrió en delitos de falsedad documental y se apropió de recursos del Estado. La justicia estimó que el contratista defraudó al país por $7.722 millones, suma que ahora deberá reintegrar como parte de un preacuerdo con la Fiscalía.
Justicia interrumpe acción penal por colaboración
El principio de oportunidad suspende la acción penal durante tres años por seis casos de interés indebido en contratación. En este período, López Rosero debe colaborar activamente con las autoridades y actuar como testigo clave en la judicialización de funcionarios y empresarios implicados en este esquema de corrupción estatal.
El preacuerdo incluyó la aceptación de cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La juez penal especializada de Bogotá ya aprobó el preacuerdo, aunque la sentencia definitiva está pendiente de pronunciamiento.
Un mensaje contra la impunidad
El caso marca un precedente en la lucha contra la corrupción en entidades clave del Estado. El escándalo de la UNGRD no solo evidenció debilidades estructurales en los mecanismos de contratación, sino también una red delictiva que lucró con necesidades urgentes de comunidades vulnerables.
