La EPS Coosalud enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia tras los hallazgos revelados por la Contraloría General de la República y una auditoría forense, que evidencian graves irregularidades administrativas, financieras y operativas que podrían conducir a la revocatoria de su habilitación y posterior liquidación.
Los informes concluyen que la entidad incumplió indicadores esenciales como el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas, mientras su situación financiera se deterioró hasta poner en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios de salud para millones de afiliados.
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Entre los hallazgos más delicados figura el presunto uso indebido de recursos públicos de la salud para respaldar un crédito privado de $221.000 millones, además de pagos sin soporte por más de $25.000 millones a empresas relacionadas y posibles irregularidades en la utilización de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para fines distintos a la atención de los usuarios.
La auditoría también detectó una integración contable irregular entre la EPS y compañías vinculadas, posibles conflictos de interés, fallas en el gobierno corporativo y debilidades en los mecanismos de control interno, hechos que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
