La Corte Constitucional ordenó a la Secretaría de Educación de Santa Marta implementar acciones urgentes para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el distrito.
La decisión se tomó tras estudiar una tutela presentada por el defensor regional del Magdalena, quien denunció barreras en el acceso al sistema educativo para esta población vulnerable.
La Sala Novena de Revisión determinó que en 30 instituciones educativas de Santa Marta persisten obstáculos para la inclusión de estudiantes con discapacidad.
Según el tribunal, los niños enfrentan dificultades para obtener cupos y los docentes carecen de las herramientas necesarias para su atención pedagógica.
La Corte concluyó que existen problemas en la identificación de la cantidad de estudiantes con discapacidad matriculados en el distrito, así como deficiencias en la implementación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).
Además, evidenció falencias en la coordinación interinstitucional para garantizar la inclusión efectiva de estos alumnos.
Ante esta situación, la Corte ordenó a la Secretaría de Educación de Santa Marta garantizar el acceso a la educación de los estudiantes con discapacidad y evitar cualquier acto que limite su derecho a la inclusión escolar.
También dispuso la implementación de medidas inmediatas para solventar las barreras identificadas en las instituciones afectadas.
Por otro lado, el tribunal ordenó al Ministerio de Educación diseñar mecanismos de seguimiento a la inversión de los recursos destinados a la educación inclusiva.
Asimismo, le instruyó establecer un sistema de información que permita monitorear la vinculación de profesionales y docentes de apoyo pedagógico en las entidades territoriales.
La Corte reiteró que la educación inclusiva no solo implica garantizar cupos, sino también desarrollar estrategias para eliminar prácticas segregadoras en el sistema educativo.
En ese sentido, ordenó al Ministerio de Educación avanzar en la transición hacia un modelo educativo que priorice la diversidad dentro de las aulas y expedir los perfiles, funciones y competencias del personal de apoyo.
Según el tribunal, la falta de garantías en la educación inclusiva afecta el desarrollo de la autonomía individual de los estudiantes con discapacidad y vulnera su derecho a vivir en comunidad en igualdad de condiciones.
Por ello, reiteró la obligación del Estado de adoptar ajustes razonables para garantizar una educación accesible y de calidad.
De Colprensa para Nación Costeña.
