La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a cinco congresistas y a un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio, tras determinar que habrían aceptado beneficios a cambio de comprometer su función dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que además ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.
Congresistas vinculados al proceso
En el mismo expediente también fueron acusados Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
A diferencia de los dos primeros, estos legisladores continuarán el proceso en libertad mientras avanza el trámite judicial.
Presuntos acuerdos por créditos públicos
La investigación se centra en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023, cuando los congresistas integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Según la Sala de Instrucción, los legisladores habrían aceptado ofrecimientos provenientes de funcionarios del Ministerio de Hacienda para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
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Las pesquisas indican que, en diferentes reuniones, se habría acordado que la contraprestación consistiría en impulsar contratación e interventorías relacionadas con tres proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los proyectos mencionados en la investigación estaban ubicados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
De acuerdo con el alto tribunal, durante los encuentros investigados se habrían definido montos y beneficios que representantes del Ejecutivo entregarían a los congresistas a cambio de comprometer sus funciones dentro del trámite de estas operaciones financieras.
