El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para identificar y deportar a extranjeros que hayan cometido delitos o estén en situación migratoria irregular. La instrucción, que debe comenzar a ejecutarse esta semana, modifica la política de regularización aplicada durante más de una década.
Operativos desde esta semana
Durante un consejo de seguridad en Barranquilla, De la Espriella dispuso que la prioridad de los procedimientos sea ubicar a extranjeros involucrados en actividades delictivas. En segundo lugar, ordenó actuar contra quienes no tengan regularizada su situación migratoria y señaló que deberán ser deportados.
El mandatario afirmó que no aceptará a inmigrantes irregulares que estén cometiendo delitos en Colombia y definió la medida como una decisión política y administrativa bajo su responsabilidad. También expresó una consigna de prioridad nacional: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
La orden supone un giro frente a los instrumentos jurídicos y sociales que Colombia desarrolló desde 2015 para regularizar a la población venezolana. En ese periodo, el país recibió y asimiló a cerca de un tercio de los más de 7,8 millones de personas que salieron de Venezuela.
Impacto sobre migrantes venezolanos
Aunque De la Espriella no mencionó de forma expresa a los venezolanos, la decisión incide especialmente sobre esa población. En Colombia viven 2,8 millones de venezolanos, equivalentes a cerca del 90% del total de inmigrantes del país, de acuerdo con cifras de Migración Colombia.
De ese grupo, 848.000 están en situación irregular y 193.000 son niños, niñas y adolescentes. Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, sostuvo que una persona con estatus migratorio irregular no es un criminal y cuestionó que se asocie esa condición con la delincuencia.
La congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, rechazó la orden al considerar que vincular la irregularidad migratoria con la criminalidad constituye una afrenta contra los derechos humanos. La representante Alexandra Pineda, también del Pacto Histórico, afirmó que el Estado debe garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de toda persona sin distinción de nacionalidad.
En contraste, el representante Alejandro Murcia, del Centro Democrático, respaldó la regularización de quienes quieran permanecer en el país y pidió facilitar que la fuerza pública deporte con rapidez a extranjeros que sean criminales. La puesta en marcha de los operativos quedó fijada por el presidente para esta misma semana.
