jueves, noviembre 21, 2024
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Defensora del Pueblo exige renuncia de Diego Cancino

La defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó la renuncia de Diego Cancino, recién nombrado director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras una denuncia de acoso sexual presentada por Viviana Vargas, asesora del Ministerio del Interior.

La denuncia desató una rápida reacción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con Marín siendo una de las voces más contundentes en exigir la salida de Cancino. “Inadmisible. La @FiscaliaCol tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe renunciar, y el Gobierno debe exigirlo”, publicó Marín en su cuenta de la red social X.

Más voces del Gobierno

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también respaldó a Vargas. “Apenas conocí su denuncia, me comuniqué con ella para reafirmarle el apoyo del @MinInterior. Rechazamos contundentemente cualquier forma de violencia de género y abuso de poder”, escribió en la misma plataforma.

Aunque Cristo no pidió directamente la renuncia de Cancino, enfatizó la urgencia de erradicar conductas que perpetúan la violencia de género. “No podemos permitir que estas conductas tengan cabida en nuestras instituciones. Debemos garantizar espacios y mecanismos seguros para que las víctimas puedan denunciar”, concluyó.

La situación de Diego Cancino representa un reto significativo para el Gobierno, que enfrenta presiones internas y externas para abordar de manera efectiva la violencia de género y asegurar un entorno seguro para todas las mujeres en Colombia.

Desacuerdos previos con el presidente

A pesar de haber sido nominada por el presidente Petro, Marín ha expresado desacuerdos con él en el pasado. Durante su toma de posesión, se refirió a los periodistas como “muñecas de la mafia”. En respuesta, Marín dijo: “No hay espacio para estigmatizaciones o agravios hacia las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, aseguró en un tuit a principios de septiembre.

El caso Cancino ha abierto un nuevo debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas contra el acoso sexual y la violencia de género dentro de las instituciones del Estado.

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