Una nueva denuncia ante el Ministerio de Trabajo pone en el centro del debate a Crem Helado, Bon Ice, Vive 100 y otras marcas que operan a través de vendedores ambulantes en todo el país. La acción legal busca exponer lo que expertos definen como una forma moderna de explotación laboral que afecta a miles de trabajadores informales.
La queja, que ya registra múltiples antecedentes en la misma cartera, advierte que estas empresas mantienen esquemas de trabajo sin garantías, sin seguridad social, sin prestaciones y sin una remuneración justa. El análisis jurídico sostiene que este modelo vulnera la dignidad humana y desconoce normas nacionales e internacionales que protegen el trabajo digno.
Según el documento presentado, estas prácticas violan artículos clave del Código Sustantivo del Trabajo (22, 23, 128, 132 y 230), así como disposiciones de la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. Además, chocan con los principios constitucionales de los artículos 25 y 53, que exigen condiciones laborales dignas y la protección de los trabajadores.
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A nivel internacional, la denuncia se respalda en la Convención 29 sobre Trabajo Forzoso y la Convención 111 sobre Discriminación Laboral de la OIT, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo con el análisis jurídico, la operación de estas compañías mediante vendedores informales configura una violación directa de estos estándares.
El denunciante, Oscar David Benavides Angulo, abogado y líder social, asegura que su propia experiencia como vendedor ambulante de estas marcas desde los 17 años demuestra que este sistema mantiene un patrón sostenido de precariedad y vulneración de derechos. Trabajó en zonas como Portal de la 80, Engativá, Corabastos y Patio Bonito, donde, según afirma, vivió jornadas sin garantías y pagos que dependían exclusivamente del volumen de ventas.
La denuncia quedó radicada bajo el código 11EE2025741100000053484 y solicita al Ministerio de Trabajo que obligue a estas empresas a reconocer derechos laborales, prestaciones sociales y condiciones dignas de empleo. El documento pide además la creación de un precedente legal que visibilice y sancione estos modelos de tercerización encubierta que han operado durante años sin correctivos.
