Como un verdadero “reguero de obras inconclusas” calificó la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Cathy Juvinao, quien denunció que se frustró la construcción de 25 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en el departamento de La Guajira.
La congresista y aspirante a repetir curul en la Cámara por Bogotá, esas obras según el gobierno nacional esperaba beneficiar a cerca de 400 mil personas en municipios como Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia y Urumita, pero “terminó en un contrato fallido por más de $82 mil millones de pesos, un reguero de obras inconclusas y contratistas cuestionados”.
Señaló la representante que en abril de 2024 el Ministerio de Salud entregó a “EnTerritorio”, empresa heredera del cuestionado FONADE, la estructuración y construcción de los 25 CAPS. Sin embargo, casi dos años después, el balance es alarmante: 12 proyectos con 0 % de avance, 9 proyectos con apenas 8 % de ejecución, 4 proyectos que nunca llegaron a firmarse.
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Denunció que pese a esa situación de atraso se desembolsaron cerca de $16 mil millones en recursos públicos, tras decir que en visitas a los supuestos puntos de construcción se evidencia lotes vacíos, huecos, vigas sueltas y cerramientos improvisados, pero ningún centro de salud en funcionamiento.
“No hay atención primaria, no hay infraestructura terminada y no hay respuestas claras para las comunidades que esperaban estos servicios básicos”, declaró Juvinao, para quien además hay subcontratistas con antecedentes de incumplimientos, presuntas irregularidades documentales, abandono de contratos y vínculos con otros escándalos de corrupción, como los relacionados con la UNGRD.
Entre estos se encuentran las empresas de construcción Marbal Ingeniería SAS, Ingeniería Vertical ING SAS, Estudios Consultorías y Obras SAS y EBM Construcciones e Interventorías SAS. A este escenario se suma la reciente decisión del Ministerio de Salud, que suspendió y dio por terminado el convenio dejando las obras a la deriva y aumentando la incertidumbre sobre el destino de los recursos ya entregados.
Hizo un llamado a la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para que actúen de manera inmediata y eviten un posible detrimento patrimonial, y asimismo se investigue a los responsables de estos proyectos que hoy dejan a La Guajira sin centros de salud y con recursos públicos en riesgo.
De Colprensa
