La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia solicitó investigar si el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, estaría ejerciendo presiones desde su lugar de reclusión para influir en decisiones públicas.
La denuncia fue presentada por Pablo Antonio Bustos Sánchez, presidente y fundador de la Red de Veedurías, quien advirtió sobre posibles exigencias de contratos, nombramientos y favorecimientos indebidos mediante intermediarios.
Según la información entregada, Abadía habría utilizado líneas telefónicas reportadas a las autoridades para comunicarse con terceros y coordinar acciones relacionadas con contratación pública y decisiones administrativas.
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Entre las personas mencionadas como presuntos enlaces aparecen: Guadalupe Guerrero, Diego Hau y Luz Adrianne Zúñiga.
La organización pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación verificar estos hechos, que podrían configurar delitos como tráfico de influencias, cohecho y concierto para delinquir.
