La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, tras descubrir su participación en la compra de 40 carrotanques con un sobrecosto superior a los $16 mil millones. Este incremento del 54% respecto a los precios reales del mercado causó un grave perjuicio al patrimonio público.
Sobreprecios en la compra de carrotanques perjudican a La Guajira
La Procuraduría concluyó que Olmedo López, en su cargo como exdirector de la UNGRD, ratificó la orden de proveeduría y aprobó el pago al contratista, lo que afectó gravemente el patrimonio público. Además, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, aprobó las cotizaciones que inflaron el precio de los vehículos y certificó la recepción de los carrotanques, a pesar de que no cumplieron con los fines establecidos en el Decreto 2113 de 2022. El objetivo del decreto era abastecer de agua potable a las comunidades de La Guajira.
Cada uno de los 40 carrotanques adquiridos costó más de $412 millones, lo que superó con creces el precio real de mercado, lo que generó un daño al patrimonio del Estado.
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Mala ejecución del contrato aumenta los daños al patrimonio público
La Procuraduría también imputó a Pinilla un cargo adicional por la mala ejecución del contrato, dado que los carrotanques no se usaron para los fines pactados, lo que empeoró aún más la situación.
La Procuraduría sancionó igualmente a Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector General de la UNGRD, con destitución e inhabilidad general por 10 años. La investigación concluyó que Meza Galván facilitó el pago irregular al contratista, al rubricar la ratificación de la orden de proveeduría y participar activamente en la contratación, lo que afectó el erario público.
La Procuraduría calificó las acciones de López, Pinilla y Meza Galván como faltas gravísimas cometidas con dolo, en violación de los principios de moralidad, eficacia y economía que deben regir la función pública.
