La Alcaldía de Cartagena solicitó la nulidad de la decisión del Juzgado 9 Penal, que suspendió el desalojo de negocios en Chambacú. La petición se fundamenta en presuntas irregularidades cometidas por el abogado Robinson Arroyo, quien habría inducido a error a la jueza Elizabeth Araújo al presentar un incidente de desacato basado en una tutela de Ana Batista Urueta, ciudadana que falleció hace dos años.
Distrito denuncia fraude procesal
Según la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, el abogado omitió intencionalmente informar sobre el fallecimiento de Batista. En su solicitud de incidente de desacato, afirmó representar a la fallecida mediante un poder firmado por Claudia Turizo Batista, su hija. Sin embargo, el Distrito sostiene que Ana Batista era la única titular de la orden de tutela, lo que invalida cualquier representación legal tras su muerte.
El documento presentado por la Alcaldía señala que Arroyo incurrió en un posible fraude procesal, al ocultar información clave para obtener la suspensión del desalojo. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la Registraduría Nacional del Estado Civil confirman el fallecimiento de Batista en 2023.
Pruebas contra el abogado
La Alcaldía también evidenció que el propio abogado reconoció en procesos previos la muerte de Batista. En una tutela ante el Juzgado Segundo Penal Municipal, Robinson Arroyo se refirió a ella como «fallecida» y «qepd». No obstante, en su reciente petición, omitió estos hechos, lo que sugiere una intención de dilatar el proceso y obstruir la recuperación del espacio público.
Asimismo, la Alcaldía cuestionó por qué el abogado anexó el Registro Civil de Nacimiento de Ana Batista, pero no su Registro Civil de Defunción, a pesar de conocer su fallecimiento. Esta omisión busca, según el Distrito, engañar a la jueza y evitar la ejecución de la orden de desalojo.
Solicitudes del Distrito
Ante estas presuntas irregularidades, la Alcaldía pidió a la jueza Araújo que:
- Declare la nulidad de la decisión que suspendió el desalojo.
- Cierre y archive el incidente de desacato, debido a la carencia de objeto tras el fallecimiento de la tutelante.
- Remita el caso a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para investigar a Robinson Arroyo por posibles faltas disciplinarias y delitos asociados a fraude procesal.
El Distrito reiteró su compromiso con la recuperación del espacio público en Cartagena y advirtió que seguirá adelante con las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.
