El Ministerio de Defensa afronta cuestionamientos por adjudicar un contrato de mantenimiento para 17 helicópteros rusos MI-17. Denuncias acusan al proceso de irregularidades, favorecimientos indebidos y participación de empresas sin certificaciones técnicas clave.
En los últimos meses, el Ministerio asignó un contrato de 154 mil millones de pesos (US$52 millones) para reparar 17 helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, lo que desató fuertes críticas. Más del 80 % de esta flota, crucial para misiones estratégicas, permanece inactiva por falta de mantenimiento.
En abril y mayo de 2024, autoridades invitaron a más de una decena de compañías nacionales e internacionales a la base militar de Tolemaida, Tolima. Estas empresas realizaron evaluaciones técnicas “in situ” de las aeronaves y presentaron propuestas para su mantenimiento. El viceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez, y el director de Logística, Mario Andrés García Camón, encabezaron las visitas técnicas.
Tras meses de silencio por parte del Ministerio, las empresas participantes se enteraron en noviembre que una firma estadounidense, MI-Series Personnel & Parts LLC, había sido seleccionada. Esto a pesar de no contar con certificaciones ni experiencia técnica suficiente, según lo establecido por el propio Ejército y las regulaciones internacionales.
Inspecciones cuestionadas
En octubre, personal técnico del Ejército fue enviado a las instalaciones de MI-Series en Miami, Florida, con el objetivo de verificar sus capacidades. Sin embargo, la inspección reveló que la empresa no cumplía con los requisitos mínimos para realizar overhauls y mantenimientos mayores a las aeronaves MI-17.
El gerente de MI-Series, Carlos Martín Uribe, solicitó a la Aeronáutica Civil (Uaeac) una ampliación de sus capacidades técnicas para cumplir con las exigencias del Ejército. La Aeronáutica Civil aprobó esta solicitud de manera acelerada el 20 de noviembre, a pesar de los hallazgos previos y sin evidencias de mejoras significativas.
Además, el representante de NHC Mil & Kamov, único fabricante autorizado de los MI-17, envió una carta en la que advirtió que MI-Series carece de autorización y conocimientos técnicos para trabajar en estas aeronaves. Este documento se ha convertido en una pieza clave en las investigaciones que adelanta la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.
Señalamientos al viceministro de Defensa
El papel de Luis Edmundo Suárez, viceministro de Defensa, ha sido objeto de fuertes críticas. Documentos filtrados muestran que Suárez gestionó de manera irregular el viaje de inspectores de la Aeronáutica Civil a Miami, reduciendo los protocolos habituales de 30 días a solo unas horas. Esta prisa, según las denuncias, buscaba favorecer a MI-Series y garantizar la adjudicación del contrato antes de que concluyera 2024.
El representante a la Cámara, Julio César Triana, acusó al Ministerio de mentir sobre el estado de las reparaciones de los helicópteros. En debates previos, el Ministerio afirmó que repararía nueve helicópteros, pero solo dos se encuentran en preservación y el resto sigue inoperativo.
Luis Edmundo Suárez, viceministro de Defensa, enfrenta nuevas acusaciones por presunto tráfico de influencias y favorecimiento indebido. Estas denuncias surgen tras una polémica previa en 2016 relacionada con filtraciones sobre las FARC. Suárez se defendió argumentando que enfrenta “intereses de poderosos intermediarios” que intentan desacreditar el proceso.
Impacto en la flota y el presupuesto
La controversia amenaza la partida presupuestal destinada al mantenimiento de los helicópteros. Con las actuales restricciones financieras, expertos advierten que una mala adjudicación afectaría la operatividad de las aeronaves y la capacidad del Ejército para cumplir misiones estratégicas en 2024.
También señalaron a la Aeronáutica Civil por supuestamente facilitar la aprobación de capacidades técnicas para MI-Series sin cumplir con el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso.
Procuraduría investiga
La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa investiga posibles irregularidades en la adjudicación del contrato. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que analizan los documentos presentados por MI-Series y las gestiones de Suárez y otros funcionarios implicados.
El contrato permanece en el centro de la polémica, mientras aumenta la presión para que el Ministerio de Defensa entregue explicaciones claras y adopte medidas correctivas.
